La maldad brota ante la falta de buena voluntad; prevalece cuando no existe bondad, humanidad, probidad y rectitud. La maldad es hermana del poder absoluto.
Gonzalo Marroquín Godoy
¿Qué justicia queremos para Guatemala?
Hace algunos días en un almuerzo de amigos, reunidos para hablar sobre la situación nacional y los problemas por los que atraviesa el país, un destacado abogado se lamentaba de la pésima forma en que se viene comportando el sistema de justicia del país, dado a que lo que sucede nos afecta directa o indirectamente a todos los guatemaltecos.
Estamos ante un tema complejo, pues no se trata solamente de implicaciones judiciales, sino también debemos tener en cuenta el efecto que la justicia puede llegar a tener en la vida política y social del país, sobre todo, cuando ese cuerpo –formado por cortes, fiscales, magistrados y jueces–, deja de ser independiente y se mueve como dócil marioneta.
El domingo pasado, el dictador Daniel Ortega ganó en solitario las elecciones de su país. Pero ¿qué hizo para lograr que no hubiera ningún candidato opositor? Muy sencillo: utilizó a la justicia para limpiar el camino y los metió a todos presos – y, de paso, a otros opositores, entre ellos periodistas–. Retorcer las leyes es de lo mas fácil que hay cuando se tiene el poder y se interpreta cualquier ley a su sabor y antojo.
Hoy en día se habla de los peligros de la democracia. En efecto, se ve que en muchos países las sociedades encuentran cada vez menos atractivos en este sistema político. El problema no radica en la democracia misma, radica en la forma en que los gobernantes la manipulan, le quitan fuerza y colmillo a su conveniencia.
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En teoría, el pueblo es el soberano y traslada esa soberanía a los gobernantes. Ello hace suponer que la clase política debe trabajar para el pueblo que les da el voto y les entrega por cuatro años el poder. Lo malo es que quienes llegan, creen que se trata de un cheque en blanco para ellos hacer lo que se les dé la gana.
Aquí, en Guatemala y en el año 2021 –en medio de plena pandemia, que agobia y hace sufrir–, estamos ante una alianza oficialista que se ha apoderado del sistema de justicia, en una acción que va totalmente en contra del espíritu de la Constitución, que manda que no haya injerencia entre los poderes del Estado y que las cortes, jueces y fiscales sean independientes… sobre todo del poder político.
Esa alianza oficialista la forman el Ejecutivo, unos doce partidos políticos –que dominan en el Congreso–, magistrados de las cortes (CC y CSJ), la fiscal general, empresarios vinculados al Gobierno, jueces, mafias y militares. Como puede verse, es una amalgama poderosa, apoyada por muchos crédulos ciudadanos que piensan que es la fuerza para librar una batalla ideológica en el país e impedir así que la izquierda avance.
Pero se equivocan. No es así. Más bien es una alianza oficialista que, por el abuso del poder e incapacidad, sí puede llevar al país a una confrontación social muy grave. Sí puede llevarnos a un sistema tipo Nicaragua o Venezuela.
Veamos lo que ha ocurrido paso a paso. Paso 1.- Se viola la norma constitucional y permanece la CSJ por más de dos años de forma ilegal. Ni la CC ni el MP actúan para hacer cumplir el mandato. Paso 2.- Se elige a una CC ad-hoc, es decir con el fin determinado de apuntalar legalmente a la alianza oficialista. Paso 3.- Se quita la máscara la fiscal general, Consuelo Porras y alinea al MP dentro del grupo. Paso 4.- Se enfoca el mazo de la justicia en golpear a quienes se consideran opositores –fiscales y jueces independientes, periodistas y activistas de derechos humanos–.
El acoso es sistemático, pero no es indiscriminado, es dirigido selectivamente. A los amigos todo –a los rusos, hasta un estado de sitio a la medida–, a los enemigos la ley, pero por supuesto, una ley retorcida, con el aval del sistema judicial.
Ahora, hasta las cortes hermanas (CC y CSJ) se apoyan para concentrar más el poder en los magistrados espurios de la Suprema, que pueden obviar la carrera judicial y nombrar a dedo a los jueces. Se borra la meritocracia, capacidad e independencia, para imponer a jueces títeres.
Se está derrumbando lo poco que se había avanzado en la lucha contra la corrupción. Se utiliza el acoso de la justicia como arma política y social. No hay pesos y contrapesos.
Esto no huele mal: ¡APESTA! Pero ojo, porque la porquería nunca puede traer nada bueno para nadie… Y me temo que viene más.