Durante la noche de este lunes, 25 de octubre, el Congreso de la República ratificó el Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en el Ester, Izabal, el pasado fin de semana, aprobándolo únicamente con 85 votos a favor.
El decreto gubernativo 9-2021 fue aprobado en un solo debate por los diputados al Congreso y tendrá vigencia por 30 días. Además, se incluyó una enmienda a un artículo promovido por la diputada Thelma Ramírez y Juan Ramón Rivas, entre otros legisladores.
Este agregado se refiere a que el Organismo Ejecutivo debe instalar una mesa de diálogo a nivel nacional, integrada por el ministro de Energía y Minas, el Procurador de los Derechos Humanos, representantes del municipio de El Estor, representantes de las organizaciones legalmente constituidas, asociación de pescadores del departamento de Izabal y representantes de la Compañía Procesadora de Níquel en Izabal (Pronico).
Ello con la finalidad de buscar soluciones a la problemática derivada por la actividad minera en dicho municipio y lo cual ha desatado conflicto.
“Asimismo, no se tomarán represalias en contra de dirigentes y/o ciudadanos que hayan manifestado en apego a derecho”, se añade en dicho artículo.
Durante la aprobación, los diputados oficialistas y aliados, presentaron una enmienda, que fue aprobada, en la que se autoriza las «detenciones legales, interrogatorios a detenidos, derechos de reunión y manifestación» así como la tenencia y portación de armas».
Además, restringen la libertad de locomoción desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Diputados en contra
Varios diputados de las bancadas de la oposición criticaron el Estado de Sitio presentado por el Ejecutivo, argumentando que debía cumplirse con la orden de la Corte de Constitucionalidad que establecía que la mina Fénix debía cumplir con realizar una consulta a los pueblos originarios de El Estor, para autorizar su funcionamiento.
Sin embargo, la consulta no ha sido realizada y la minera continuó con las operaciones en este municipio, lo que causó el descontento entre algunos habitantes.
El parlamentario Román Castellanos, de la bancada Movimiento Semilla, señaló que rechazaban el Estado de sitio en El Estor, porque en lugar de abrir los canales de participación a las comunidades Q’eqchi’ legítimas, lo que hace es silenciarlas y rechazó “la forma de gobernar de Giammattei”.
Por aparte, la diputada Vicenta Jerónimo, del bloque MLP Guatemala indicó «no seamos cómplices de empresas saqueadoras que persiguen, criminalizan, asesinan y encarcelan a defensores de derechos humanos, defensores de la madre tierra desde nuestros territorios», respecto a la aprobación del Decreto que fue conocido esta tarde.
El diputado Walter Félix, de la URNG, también indicó que el Gobierno «está manipulando» el proceso de preconsulta, porque están dejando fuera a los verdaderos representantes, y están irrespetando lo establecido por la Corte de Constitucionalidad, que reconoció que el Ministerio de Energía y Minas violentó los derechos de las poblaciones.
Congresistas a favor
El diputado aliado Boris España, de Todos, calificó de «terroristas» a los pobladores Maya Q’eqchi’ que rechazan la minería. Aseguró que no sólo son financiados por ONG, sino que están cobrando peaje.
«Estas personas no llegan ni a mareros. Estas personas con armamento y con droga son terroristas y necesitan ser combatidos por toda la fuerza del Estado», dijo el congresista de Todos.