Magistrados no respetan legislación vigente que garantiza la libertad de prensa y de expresión
El diario «elPeriódico» ha denunciado públicamente a nivel nacional e internacional, el acoso judicial que llevan a cabo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que pidieron al Ministerio Público (MP), que investigara al medio por una publicación realizada.
Esta misma mañana de jueves, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), analiza la situación que se ha dado en torno a esta acción de la CSJ y muy pronto emitirá un comunicado al respecto.
El hecho es que el 25 de julio, elPeriódico publicó el testimonio que como testigo y candidato a colaborador eficaz diera ante la FECI el abogado Marco Aurelio Alveño Hernández quien destacó varios hechos comprometedores para el propio MP y la fiscal general, Consuelo Porras.
Entre los elementos que salieron a luz por la publicación del diario se desvelan los siguientes aspectos:
• Desde el despacho superior del Ministerio Público (MP) tuvieron lugar manipulaciones y arreglos a conveniencia de personas sujetas a investigación y persecución penal.
• Que el despacho de la señora Fiscal General comparte información sensible y privilegiada con el presidente Alejandro Giammattei, quien la ha utilizado en beneficio de terceros cercanos suyos.
• Que el Secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, filtraba información de allanamientos, como lo hizo con Alejandra Carrillo, del Instituto de la Víctima, que ese día gracias a la filtración de Pineda, buscó y encontró la protección de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Valdez.
• Que se prodigaban favores ilícitos por razones de conveniencia, amistad, tráfico de influencias, incluso a cambio de dinero.
Después de declarar, el testigo y candidato a colaborador eficaz tuvo que huir del país de manera urgente, debido a que peligraba su vida y la de su familia y ahora goza de protección en el extranjero.
En base a la publicación de dicha “colaboración eficaz” de parte del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández, el Capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, Acción Ciudadana, solicitó el retiro del derecho de Antejuicio de la señora fiscal general, Consuelo Porras.
La actual Corte Suprema de Justicia, que forma parte de la llamada alianza oficialista, exoneró a la fiscal Porras, pero paradójicamente, ordenó la investigación contra elPeriódico, sin respetar las garantías que la Constitución, la Ley de Emisión de Pensamiento y la legislación internacional contemplan para que se se ejerza la libertad de presa y de expresión.
En un manifiesto del medio de prensa independiente, se señala que elPeriódico denuncia y rechaza este nuevo intento burdo de censurar, y recuerda que el artículo constitucional, establece, entre otros aspectos relevantes, que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Asimismo, considera que esta aberrante resolución de la Corte Suprema de Justicia, forma parte del intento de la alianza con el Presidente Giammattei y la mayoría de diputados que controlan el Congreso, conocida por los guatemaltecos como el “Pacto de Corruptos”, que busca acallar todas las voces que defiendan la lucha anticorrupción e impunidad en el país a través del incesante acoso judicial.