A través de un comunicado, integrantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) son los primeros funcionarios que hacen públicas sus declaraciones de intereses en el país.
Las mismas están disponibles en la página de internet https://bit.ly/declaracionesAGJI, y entre los ámbitos de información que integran estas declaraciones están la participación de juezas y jueces en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos cuatro años, membresías, representación activa, actividad lucrativa adicional al cargo, y esfera familiar dentro del Organismo Judicial.
El Juez Carlos Ruano, presidente de AGJI, destacó que “estamos convencidos de la importancia y necesidad de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia dentro del poder judicial. Estos mecanismos no solo son un instrumento para prevenir la corrupción, sino que también son fundamentales para mostrar y acercar la sociedad guatemalteca a la labor de juezas y jueces, buscando afianzar la confianza y legitimidad de estos funcionarios en lo individual, y de la judicatura en general”.
Además, destaca que esta iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto de colaboración con Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en apoyo a la independencia judicial, poniendo en marcha mecanismos que promueven la integridad judicial.
Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para América Latina del Vance Center mencionó que “las declaraciones de intereses ya son obligatorias en otros países y funcionan, y AGJI está poniendo un ejemplo a nivel país en Guatemala que otras autoridades deberían seguir; es importante que se discutan e implementen a nivel nacional”.
Conflicto de interés
En el documento, la AGJI señala que es importante señalar que dentro de las conductas que pueden hacer posible el funcionamiento de estructuras de corrupción y que desgastan la legitimidad de las instituciones, sobre todo aquellas encargadas de impartir justicia, se identifica la actuación de juezas y jueces bajo conflicto de intereses.
“Cuando no se identifica y se atiende un conflicto de intereses, además de las faltas disciplinarias y administrativas que ello puede implicar, hay consecuencias negativas en materia de integridad pública y legitimidad de la función pública”, afirma.
Añade que se trata de un fenómeno complejo, “que requiere la atención de los servidores públicos para mantener actualizada la información y también de esfuerzos para prevenir esos conflictos. Todas las personas tienen intereses legítimos en su vida diaria como ciudadanos profesionales y como parte de una familia, pero lo relevante es cuando estos intereses entran en conflicto con el actuar en lo público”.
“Es en este sentido que dentro de los esfuerzos en materia anticorrupción que varios países en el mundo han adoptado, prevenir y atender los conflictos de intereses de servidores públicos es fundamental”, finaliza el comunicado.
Los jueces que hicieron públicas sus declaraciones de intereses son:
• Carlos Giovanni Ruano Pineda
• Sergio Alejandro Vega Reyna
• Edgar Alberto Pérez Cifuentes
• Wendy Yaneth Coloma Alburez
• María Blanca Estela Sitaví Gómez
• Julia Marisol Rivera Aguilar
• Pablo Xitumul De Paz
• Carlos Arsenio Pérez Cheguen
• Carlos Miguel Barrera Estrada
• Lisbeth Mireya Batun Betancourt
• Claudia Elvira González
• Miguel Angel Gálvez Aguilar
• Jorge Haroldo Vásquez Flores
• Verónica Elizabeth Ruiz Blau
• Dinora Benita Martínez Rodas
• Alva Marina Del Cid Ruiz
• Edgar Manfredo Roca Canet
• Erika Lorena Aifan Dávila