El Gobierno de Nicaragua ratificó este miércoles sus críticas al Ejecutivo español y calificó de «falaz y rabiosa» su respuesta después de que este haya llamado a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y haya rechazado de forma «tajante» las «acusaciones» recogidas en duro comunicado emitido por el régimen de Daniel Ortega el martes.
Horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español anunciara la llamada a consultas a Fernández-Palacios, la cartera de Exteriores nicaragüense ha publicado un nuevo mensaje para las autoridades españolas en el que ha subrayado que «ratifica todo lo afirmado» en su primera nota, en la que denunció «la continua intromisión» de España en asuntos internos de Managua y aludió al «terrorismo de Estado» de los GAL en el país europeo.
«En esa comunicación solo se han dicho verdades, y eso es precisamente lo que irrita al honorable reino de España», ha apuntado el Ministerio de Exteriores de Nicaragua al de España.
Asimismo, ha reconocido que si bien «no corresponde» al país centroamericano «analizar la profunda crisis política, democrática, económica y social que vive esa nada perfecta España», «ratifica y amplia» las acusaciones ante la «reiterada intromisión» en asuntos nicaragüenses y las «inauditas pretensiones coloniales a 200 años de la independencia».
«Exigimos a España cumplir con todas sus obligaciones en términos de Derechos Humanos y democracia, en un marco legal no represivo, que garantice los procesos sociales, políticos, electorales y ciudadanos en esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa», ha añadido la cartera nicaragüense.
Igualmente, ha exigido al Gobierno español que «cumpla con sus propios compromisos internacionales», «sobre todo alrededor de tantos crímenes, no reconocidos ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas».
«Terrorismo de Estado»
El Ministerio de Exteriores de Ortega ha vuelto, además, a apuntar al «terrorismo de Estado, diciendo que España tiene que «asumir y resarcir» este «terrorismo tan denunciado» que ha «manchado» al país «para siempre». «Garanticen la libertad de expresión y participación política de todos sus ciudadanos», ha añadido.
«Llegará el día en que sus (de España) rabiosas, altisonantes y falaces voces darán lugar a otras fraternales, respetuosas y verdaderas», ha concluido el comunicado.
Injerencia
En su primer mensaje emitido esta semana contra España, que ha motivado la llamada a consultas de la embajadora española en Managua, el Ejecutivo de Daniel Ortega denunció injerencia por parte del país europeo y recurrió a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.
Por su parte, la cartera de Exteriores española calificó como «graves e infundadas» las acusaciones contra España y sus instituciones, así como lamentó las «gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» que contenía el comunicado del país centroamericano, que fue la respuesta a otro mensaje del Gobierno de España en el que se criticaban los arrestos de opositores nicaragüenses en los últimos meses.
Ya a finales del pasado mes de junio, el Ejecutivo de Nicaragua arremetió contra la entonces titular de Exteriores española, Arancha González Laya, por sus declaraciones sobre Nicaragua, acusándola de mostrar una «ignorancia atrevida» y una «ferocidad impropia para la diplomacia».
Dichas declaraciones se produjeron después de que la ministra saliera en defensa de la embajadora española en Managua a raíz de que Ortega la acusara de intromisiones en los asuntos del país. González Laya pidió entonces al mandatario que se dejara de «excusas» y liberara a los opositores detenidos.
Ortega busca ser reelegido en las próximas elecciones del 7 de noviembre, en cuyo marco electoral se está llevando a cabo una ola represiva contra formaciones opositoras, lo que ha dejado más de 30 políticos y periodistas independientes detenidos en los últimos meses.
- La comunidad internacional ha denunciado la situación en el país y, junto a España, han llamado a consultas a sus embajadores en Managua Argentina, Costa Rica, México y Colombia, por la falta de garantías de este proceso electoral.
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