La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó su primer informe trimestral de gestión de 2021
La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó su primer informe trimestral de gestión de 2021. En el documento se da a conocer que están bajo investigación al menos 1 mil 045 funcionarios y empleados de instituciones por presuntamente haber defraudado al erario público por Q152 millones.
Según un comunicado compartido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Oscar Dávila, Director Ejecutivo de la Comisión señaló que, el informe incluye la presentación de dos denuncias penales ante el Ministerio Público (MP). La primera fue cursada contra una persona particular y la segunda involucra a un viceministro y subalternos, así como a dos particulares, por actos ilícitos que “repercuten en el erario nacional que ascienden a Q30.2 millones”, aunque no se conocen más detalles sobre lo expuesto.
Además, la Comisión informó de la recepción de 86 alertas de corrupción, de las cuales 82 fueron dirigidas contra instituciones y dependencias del Organismo Ejecutivo. Según la Comisión 60 denuncias fueron anónimas y 24 con identificación personal.
CGC presenta denuncia por compra de pruebas falsas Covid-19
La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció penalmente al personal de Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud por supuestas irregularidades en la adquisición de tres paneles para detectar cepas del covid-19.
El proveedor del equipo es Kron Científica, cuya anomalía se suma a otras que investiga el Ministerio Público como la venta de 30 mil pruebas aparentemente falsas y la posible falsificación de documentos.
De acuerdo con las especificaciones del contrato, los paneles servirían para el diagnóstico de 960 pruebas de covid-19, por un valor total de Q2 millones 970 mil. Los aparatos supuestamente fueron producidos por la empresa Illumina, Inc. de Estados Unidos, proveedor de Kron Científica.
La denuncia penal es una de las 121 que se detallan en el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2020 por parte de la CGC, el cual fue entregado al Congreso de la República.
Directora de Comunicación del Congreso asiste a citación de la bancada Semilla por videos difamatorios
La directora de Comunicación del Congreso de la República, Joselyn Mérida, se presentó a la citación que le realizó la bancada Semilla para que respondiera sobre los señalamientos en su contra de dirigir un net center desde el Legislativo y con recursos de ese organismo para “difamar” a integrantes de esa organización política, así como al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.
La reacción de los parlamentarios se da luego de una publicación del medio digital Vox Populi que reveló chats y videos en donde Mérida, junto al subdirector José Fernando López Castañeda, dan instrucciones de cómo se deben editar videos para desprestigiar al diputado Samuel Pérez y al magistrado de conciencia.
Durante la reunión, la directora de Comunicación se negó a dar respuestas sobre las publicaciones, solamente indicó que ella no podría revelar información respecto a la campaña en contra de funcionarios de oposición “porque esto es algo que pone en riesgo la diplomacia y la seguridad nacional del país”.
Además, la Mérida aceptó que su voz es la que figura en un audio filtrado y argumentó que, a su criterio, lo que se menciona no es una campaña de desprestigio.
Los videos y chats tomados por orden de Mérida y López Castañeda habrían sido editados para ser presentado a la OEA que visitó al país luego que el presidente Alejandro Giammattei invocara la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el 22 de noviembre de 2020, tras las manifestaciones que se realizaron por cientos de guatemaltecos que rechazaban la aprobación del Presupuesto de la Nación para 2021, así como diversos actos de corrupción
Jueza Erika Aifán rechaza recusación planteada por el exdiputado Estuardo Galdámez
La jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, rechazó “in limine” una recusación planteada por el exdiputado y excandidato presidencial de FCN-Nación, Estuardo Galdámez, quien buscaba que la togada no continuara conociendo su proceso penal, por lo que la togada continuará conociendo el caso denominado “Asalto al Ministerio de Salud”.
Galdámez es acusado de cometer los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada.
La FECI señaló al exdiputado de haber negociado de forma irregular, la construcción de un Hospital en el municipio de Ixcán, Quiché, ya que se adjudicó el contrato a una empresa por casi Q80 millones,
Según con las pesquisas, el exfuncionario habría recibido una comisión por ese proyecto. Además, esa Fiscalía también indicó en la investigación que el exparlamentario influyó en la contratación personal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.