El Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó este viernes 21 de mayo en el Diario de Centro América el Acuerdo 105 – 2021, con el que aprueba la creación de la Comisión Interinstitucional para contribuir en la Reactivación Económica del Sector de la Construcción.
De acuerdo con la normativa, su objetivo es “promover acciones de coordinación entre ministerios e instituciones que tengan relación con el sector de la construcción, para agilizar la gestión administrativa que le competa a cada uno de ellos”, detalla la publicación.
La comisión estará integrada por los ministros de Economía, Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Deportes, Energía y Minas, y Salud Pública y Asistencia Social.
El acuerdo describe que en caso los titulares de los ministerios mencionados no puedan asistir a “la Comisión”, se aceptará su suplencia por un viceministro del ramo; en cuanto al resto de áreas, cada una podrá delegar su representación en el funcionario que consideren adecuado. El documento aclara que los colaboradores de esta iniciativa harán la labor de manera ad-honorem y formarán parte de “la Comisión” mientras duren sus cargos.
“La Comisión tiene el deber de discutir lineamientos y mejoras en los servicios que prestan las instituciones estatales o de otra naturaleza que estén relacionados al campo de la construcción. Asimismo, debe proponer planes de trabajo y acciones que permitan la agilización de los trámites administrativos de las instituciones que conforman la misma”, señala el documento.
Además, contará con representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y Registro General de la Propiedad.
Sus atribuciones serán discutir lineamientos para mejoras en servicios, promoción de suscripción de convenios y alianzas, impulsar acciones y conformar mesas de diálogo, proponer planes de trabajo y generar análisis estadísticos.
La Comisión no contará con un presupuesto propio, ni podrá duplicar funciones de otras entidades; no obstante, podrá convocar la participación de funcionarios externos del sector privado, organismos internacionales y otras dependencias del Estado, siempre y cuando estén relacionadas con los temas a tratar.
La duración de la comisión será por seis años, señala la normativa.