El buen gobierno está asociado con: 1) El acceso al poder público por vía de elecciones democráticas (libres, justas, limpias y basadas en el sufragio universal y secreto) y la alternancia en el poder; 2) La supremacía de la Constitución, la seguridad jurídica (certeza y previsibilidad de la aplicación de la ley) y la realización del bien común (que se traduce en las condiciones generales que beneficien a todos los seres humanos por igual y que les permitan desarrollarse y alcanzar por sí mismos la felicidad); 3) La separación de poderes públicos y la descentralización; 4) La sujeción de los servidores públicos a la ley; 5) La rendición de cuentas y la responsabilidad de funcionarios; 6) La transparencia y el acceso a la información pública; 7) La profesionalización del servicio público a la luz de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez; 8) La disciplina fiscal, el equilibrio presupuestario y la calidad de gasto público; 9) El control de las finanzas públicas; 10) Una administración de justicia pronta y cumplida, a cargo de juzgadores independientes, imparciales, ilustrados y probos; 11) El respeto, protección y defensa de los derechos fundamentales; y 12) El control ciudadano sustentado en el libre juego de opiniones, la libertad de prensa y la auditoría social.
Por el contrario, el mal gobierno está cimentado en: 1) El ilegítimo acceso al poder, la perpetuación en los cargos públicos, la concentración de poder, el abuso de autoridad, los atajos a la ley, el fraude de ley (los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él), la cosa juzgada fraudulenta (errores en el juzgamiento) y la impunidad (ausencia de castigo); 2) El aprovechamiento ilegítimo de los cargos públicos y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios; 3) La corrupción en el manejo de la cosa pública; 4) La opacidad, la discrecionalidad y el secreto; 5) La incapacidad, la falta de idoneidad y la imprevisión de los funcionarios; 6) El desorden financiero y el derroche del dinero público; 7) El clientelismo político; 8) El gobierno de los negocios, por los negocios y para los negocios particulares; 9) La violación de los derechos humanos; y 10) La restricción del derecho a la información.
En América Latina impera el mal gobierno, por lo que las sociedades, hartas del abuso, del despropósito y de la cleptocracia (el gobierno de los ladrones), están entrando en procesos reivindicativos, que no pasan por los políticos tradicionales, porque estos han dejado de representarlas, ya que han venido anteponiendo sus intereses personales a los intereses generales, al bien común.
Los ciudadanos están en movimiento y luchan por el autogobierno (el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo), por la rehabilitación de la política, por la plena vigencia de un genuino Estado de Derecho y por la implantación de una suerte de capitalismo popular (economía social de mercado), que asegure prosperidad a los muchos y no solamente a los pocos, así como desarrollo integral para todos.
En mi opinión, los gobernantes y élites inmovilistas, intolerantes y adversas al cambio que no entiendan o que no se anticipen a la ola reformista, y que, por el contrario, pretendan atrincherarse y mantener, a sangre y fuego, el degenerado e insufrible “estatus quo”, inexorablemente sucumbirán ante el avance arrollador de los movimientos renovadores, liderados y nutridos principalmente por jóvenes entusiastas y energéticos, que están enarbolando la bandera del cambio en democracia en todas partes, a través del ejercicio del legítimo derecho de resistencia pacífica.
El derecho de resistencia a la opresión es aquella facultad inherente a los ciudadanos a no soportar lo injusto, en especial el ejercicio despótico o abusivo del poder público. Se manifiesta a través de la indocilidad, la oposición, la desobediencia, la rebeldía y la defensa de los gobernados ante la imposición, la humillación, la usurpación, la injusticia y la esclavización perpetrados por los gobernantes.
Por consiguiente, la legítima resistencia es la respuesta extrema de los ciudadanos ante la violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades estatales, y en la época moderna se manifiesta de manera pacífica, pero con mucha elocuencia y contundencia. No necesariamente es concertada, sino que puede surgir espontáneamente, a guisa de consenso colectivo, como una auténtica fuerza popular que busca liberarse del ejercicio opresivo del poder.
Albert Camus dice: La rebeldía nace del espectáculo de la sinrazón, ante una condición injusta e incomprensible. Pero su impulso ciego reivindica el orden en medio del caos y la unidad en el corazón mismo de lo que huye y desaparece (…) la conciencia nace a la luz con la rebeldía.
El Papa Francisco, en un coloquio con los jóvenes en Brasil, a mediados del año 2013, expresó: Ustedes tienen una especial sensibilidad ante la injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los casos de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien común, persiguen su propio interés. A ustedes y a todos les repito: nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague. La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar. No se habitúen al mal, sino a vencerlo (El País, España).