El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ordenó este miércoles a varios altos cargos del Gobierno estudiar la posibilidad de presentar una demanda ante instancias internacionales para frenar la decisión de Japón de liberar al mar el agua tratada que se encuentra actualmente almacenada en la planta nuclear de Fukushima.
El mandatario dio las pertinentes directrices después de reunirse con el nuevo embajador de Japón en el país, Koichi Aiboshi, que presentó sus credenciales, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.
En una reunión, Moon ordenó a su Gabinete «considerar proactivamente» llevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, tal y como lo informó el portavoz de la Presidencia surcoreana Kang Min Seok.
Así, manifestó que existe una «gran preocupación» al respecto por parte de los surcoreanos dado que los dos países se encuentran cerca y comparten mar. En este sentido, ha pedido al embajador que traslade su mensaje a Tokio lo antes posible.
Un millón de toneladas de agua contaminada
La decisión de Moon llega después de que el Gobierno nipón anunciara su intención de liberar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la central de Fukushima Daiichi al mar con el apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), lo que ha suscitado críticas por parte de China, Corea del Sur y Taiwán.
- Corea del Sur ha protestado fuertemente desde entonces y ha convocado al embajador japonés para abordar el asunto.
- Por otra parte, una coalición de 25 organizaciones de pescadores han convocado una protesta y han entregado a la Embajada de Japón una carta de protesta en la que han pedido a Tokio revocar su decisión, al tiempo que solicitan que las autoridades surcoreanas prohíban la importación de materia japonesa.
«Nuestra industria está a punto de sufrir un daño irreparable», recoge el texto, que señala que existe la posibilidad de que los productos marinos «sean contaminados».
Está previsto que el proceso de vertido comience dentro de dos años y dure décadas, según las previsiones de las autoridades. Una comisión del Ministerio de Economía, Comercio e Industria concluyó en febrero de 2020 que liberar el agua en el mar y evaporarla eran opciones viables, aunque la primera era técnicamente más factible y ha sido respaldada por la AIEA.
El Gobierno estadounidense es el único que ha salido por el momento al frente para defender la «transparencia» japonesa. En este sentido, ha matizado que las medidas tomadas parecen seguir «aparentemente los estándares de seguridad en materia nuclear a nivel global».
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