En el marco del Día Mundial de la Salud, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), emitió un pronunciamiento en el cual lamentó que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en especial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no haya hecho de la crisis Covid-19 una oportunidad para fortalecer e integrar el sistema de salud.
El magistrado de conciencia recordó a las autoridades que la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación de raza y contemplado en la Constitución, “pero la situación actual demuestra las deficiencias que hasta el momento el sistema de Salud ha presentado, recientemente, a través del Plan Nacional de Vacunación”.
“Un buen sistema de Salud mejora la vida de las personas de manera tangible”, indicó el PDH, el cual añadió que para que el sistema funcione necesita de personal, financiación, información, suministros, transporte y comunicaciones.
Además, el procurador expresó que el sistema de salud “es débil y está segmentado”, añadiendo que, en comparación con el resto de América Latina y el Caribe, posee uno de los presupuestos «más exiguos», en relación con la cantidad de pacientes que debe atender, con menos camas y recurso humano.
“La pandemia del Covid-19 expuso críticamente las falacias del sistema de salud, sobre todo en el campo de la administración de recursos, suministros, infraestructura y protección del personal sanitario”, añadió
Además, remarcó que se “desaprovechó la oportunidad de transformar y reconstruir el sistema de salud, disponiendo recursos suficientes y el apoyo de todos los sectores del país”.
“Al contrario, el sistema de salud incluso ha perdido su antigua capacidad”, expresó el magistrado.
Recomendaciones
Para ello, el PDH recomendó a la cartera de Salud ubicar en la agenda estratégica la discusión de la reforma del sistema actual de salud: «hacia un modelo más justo, recuperando el principio constitucional».
Asimismo, sugirió promover alianzas con distintos sectores de la sociedad, con la finalidad de garantizar una oferta programática que asegure el derecho a la salud en todas sus formas y niveles.
Por último, aconsejó que se acople a los estándares internacionales y la normativa vigente, para dimensionar y decidir sobre la problemática en salud.