Luis F. Linares López
Hace apenas seis años parecía que Guatemala había encontrado un remedio eficaz contra la corrupción. Si bien es importante la existencia de una cultura de probidad y cumplimiento, altos niveles de transparencia en la gestión pública, normativa con límites adecuados a la discrecionalidad que fácilmente se convierte en arbitrariedad, instituciones sólidas, pesos y contrapesos que son parte esencial de todo sistema democrático, es indudable que un sistema de justicia con capacidad para sancionar con dureza a los funcionarios, especialmente de alto nivel y de elección popular, que incurren en actos de corrupción, es indispensable para el manejo honesto de los recursos públicos.
Hace muchos años un diplomático alemán me comentaba que en su país también había actos de corrupción. Pero que la diferencia con Guatemala era que allá hay muchas posibilidades de que un funcionario corrupto sea descubierto, que si eso sucede es seguro que lo procesan y que, encontrado culpable, el proceso concluirá con una severa condena. También tenemos el caso de Corea del Sur, donde la expresidente Park Geun-hye, en un proceso que duró 10 meses, fue condenada a 24 años y una multa de US$ 17 millones,
Parecía que la actuación coordinada entre el MP y la CICIG daría como resultado esas condenas ejemplares que necesitamos como el mejor disuasivo para quienes conciben el ejercicio de los cargos públicos como un trampolín para el enriquecimiento rápido y fácil. Muchos afirmaron que la derrota de la corrupción era irreversible, pero una vez más se demostró que no hay nada en la vida que no pueda ser revertido.
Y ahora todo eso parece prehistoria. El pacto de corruptos campea y se pasea en todo un país. Una sociedad civil fragmentada se manifiesta incapacitada para tomar la iniciativa y sacar a la ciudadanía del letargo en el que cayó tras el triunfo de la estrategia del cómico-presidente.
Se cumple a rajatablas lo que hemos señalado en más de una ocasión, tomado de un estudio publicado por el BID sobre la política de las políticas públicas en América Latina: en todos los países el sector empresarial tiene influencia en las decisiones públicas, pero en ningún país tiene tanta como en Guatemala. Y eso se debe tanto a su fuerza intrínseca como a la debilidad de los restantes sectores sociales.
El empresariado, pese a los nefastos resultados del concubinato del COSEP (el equivalente del CACIF) con la dictadura de Daniel Ortega, continúa su alianza con el gobierno, avalando explícita o implícitamente las acciones del pacto de corruptos orientadas a controlar todas las instancias de control, sin reparar que están labrando la estaca donde tarde o temprano podrán sentarlos, como pasó a sus pares nicaragüenses. La captura de la Corte de Constitucionalidad es el episodio más reciente de esta caída que parece no tener fin.
En muchas instituciones públicas, comenzando por los puertos, se repiten los malos manejos que salieron a la luz pública gracias a las investigaciones de la CICIG. Sacan las uñas cada vez más, porque les pasó el miedo a los jueves de CICIG. En las municipalidades se devela la penetración cada vez mayor por parte del narcotráfico y el latrocinio de los recursos municipales continúa imparable. La FECI allana hoy (16/3/2021) cuatro municipalidades, pero igual podría hacerlo en la gran mayoría de ellas.
El caso de Ocós y La Blanca es inaudito. El clan de la alcaldesa de Ocós logró la creación de un nuevo municipio, partiendo Ocós que ya de por sí era de exiguas dimensiones, para que la familia controle dos municipalidades. El hijo de la alcaldesa, al mando de Ocós. es detenido en Panamá acusado de narcotráfico.
El vicepresidente Guillermo Castillo es ahora incuestionable referente de la lucha contra la corrupción. Pudo limitarse a un papel decorativo, renunciando a tener voz propia en el gobierno. Voz que le corresponde por ser funcionario de elección popular y el segundo en jerarquía en el Organismo Ejecutivo. Tomó un camino plagado de obstáculos y de seguras incomprensiones, pero no debe cejar en el empeño. Le toca constituirse en la reserva moral de esta sociedad.
Si el presidente tiene a su favor la legitimidad que deviene del voto popular, el vicepresidente Castillo cuenta además con legitimidad moral, que proviene de su comportamiento apegado a los principios éticos y a los valores democráticos.
Necesita el apoyo de todos los guatemaltecos conscientes de que estamos en medio de una batalla decisiva.