Cuantificar el monto que un país pierde a causa de la corrupción, es prácticamente imposible, porque nunca se llega a establecer la totalidad de dinero que se desvía y va a parar a los bolsillos de funcionarios y políticos deshonestos. Sin embargo, cifras estimadas por organismos internacionales y expertos locales, coinciden en señalar que la cifra podría llegar a un 20 por ciento del presupuesto de gastos de la nación, una cifra verdaderamente astronómica.
Si tomamos en cuenta que el presupuesto 2015 asciende a Q70.6 mil millones, se podría suponer que el costo que la corrupción alcanzará este año los Q14 mil millones, que bien podrían haberse utilizado para combatir la pobreza, mejorar en salud, educación y seguridad, además de la construcción de infraestructura, que promueve desarrollo.
Ahora que ha aflorado parte de la corrupción que predomina en la clase política, se puede encontrar una de las causas por las que el país no avanza en su lucha por resolver los problemas socioeconómicos. Esos políticos corruptos se preocupan más por sus negocios, por llenar sus cuentas y hacerse de grandes fortunas, que por trabajar desde la función pública en la mejora de las condiciones del país.
Hemos sostenido que este problema no es nuevo, lo que se confirma ahora con las investigaciones y denuncias de la CICIG y el MP. Se trata de un cáncer que ha venido avanzando, al extremo de tener tomados casi todos los partidos políticos y, consecuencia de ello, alcanza a la mayoría de las instituciones del Estado, tanto en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como en el poder municipal.
Se ha desbordado la corrupción, de eso no nos cabe duda. El poder e influencia negativa que han llegado a tener los partidos políticos en la vida nacional ha provocado un enorme descalabro, del que surgen constantemente nuevas fortunas, mientras que la pobreza de la población se mantiene o agudiza.
La constante queja de los funcionarios públicos del más alto rango, en el sentido de que los presupuestos no alcanzan para llevar a cabo las tareas encomendadas, resulta incongruente cuando vemos los montos que se pierden a causa de la corrupción.
La descubierta evasión en aduanas podría dar algunos millardos adicionales a los ingresos del Estado. Como no se alcanza a cubrir con impuestos las necesidades de dinero del Estado, se recurre a préstamos, lo que abre un nuevo problema en el futuro. Nos endeudamos como nación, pero no se ven avances por ninguna parte.
Duele ver las mansiones de funcionarios, quienes siempre tienen la misma respuesta ante su explosivo e inmediato enriquecimiento: los fondos provienen de negocios y trabajo de toda la vida. Duele, porque la contraparte se encuentra en las escuelas abandonadas y sin recursos, los hospitales desabastecidos y con pésima atención, una PNC sin gasolina, y carreteras en mal estado.
El Estado guatemalteco ha respondido mejor a ese afán por el enriquecimiento de los políticos y funcionarios, que a las necesidades de la población. Por eso vemos que, mientras hay cada vez más políticos enriquecidos por la corrupción, hay más gente pobre. Es el efecto lógico de un fenómeno que nos agobia.
El problema es que esa costra de corrupción crece con cada Gobierno. Las ONG, los fideicomisos, las empresas que hacen negocios con el Estado aumentan cada día. Llegan nuevas, y las antiguas siguen trabajando. La mayoría de ellas forman ya parte del sistema corrupto. ¿Habrá quien –por ejemplo– lleve a cabo una depuración de las empresas que hacen negocios con el Gobierno y las municipalidades?
Lo que está sucediendo es importante y hasta vital para la democracia guatemalteca. Las investigaciones sobre la corrupción en la política y el Estado no deben cesar, al contrario, se deben profundizar. Solamente limpiando las cloacas se podrá decir que el país tiene oportunidad de mejorar. Si esa depuración no llega a profundidad, tendremos más políticos ricos y más gente pobre.