A poco menos de 90 días de la toma de posesión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), un grupo de autoridades indígenas emitió un comunicado, en el cual piden al presidente de la República, al Congreso, Organismo Judicial, Colegio de Abogados y Consejo Superior Universitario que en los procesos de designación no omitan algunos aspecto de suma importancia como la publicada y transparencia.
“De forma pública mostramos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en el sistema de justicia que ponen en crisis el Estado, debilita y destruye sus instituciones democráticas; fortalece la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, criminaliza a personas, jueces y magistrados honestos y honrados, así como la autoridades indígenas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos”, se lee en el documento.
Los firmantes, además, consideran preocupante que los grupos de poder paralelo “como el que encabeza el señor Sergio Roberto López Villatoro, más conocido como el Rey del Tenis, o Gustavo Herrera, papel que ahora desempeña el señor Gustavo Alejos, para decidir sobre el nombramiento de magistrados en contubernio con diputados del Congreso de la República, entre los que figuran los señores Allan Rodríguez, Álvaro Arzú y Felipe Alejos, que por cerca de 16 meses no han elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones otros Tribunales de igual categoría con la ceguera voluntaria de la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público y el apoyo de grupos militares violadores de derechos humanos durante el conflicto armado y otros que integran el crimen organizado, las mafias que operan en el país, cuyo único fin es garantizar su impunidad y criminalizar a nuestros pueblos”, indican.
Para las autoridades indígenas, fue “repudiable” que la Corte Suprema de Justicia haya designado a Roberto Molina Barreto como magistrado de la CC y que la Junta Directiva y el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, respalden al exjuez Mynor Moto.
“También repudiamos que la Corte Suprema de Justicia y otros organismos o instituciones resignantes hayan excluido como requisito la no pertenencia o militancia a partidos políticos, mediante la certificación del Tribunal Supremo Electoral, con lo cual reflejan sus malas prácticas e influencias políticas y compromisos o la falta de publicidad y transparencia del Organismo Ejecutivo en ese proceso”, indican.
Por último, piden a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Colegio de Abogaos y al Consejo Superior Universitario, “garantizar a los pueblos indígenas Maya, Xinka y Garífuna, y al pueblos guatemalteco la erradicación de la corrupción, la impunidad, las mafias, el crimen organizado, el tráfico de influencias y en el sistema de justicia”.
El grupo firmante está integrado por: las autoridades indígenas de los pueblos Maya Ixil de Chajul, Cotzal y Nebaj, el Parlamento Xinka, el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, Alianza de Autoridades Ancestrales Aj Pop Tinamit, Oxlajuj Imox del departamento de Sololá, el Principal Cabecera del Pueblo Tzutujil de Santiago Atitlán, las autoridades indígenas Ancestrales del Pueblo Maya Kaqchik´el de San Andrés Semetabaj, Las Autoridades Indígenas ancestrales del Pueblo Maya K´iché de Santa Lucia Utatlán, entre otras.
“Piden proceso abierto”
Por aparte, el movimiento Justicia Ya, expuso en un comunicado que los próximos magistrados de la CC deben ser capaces e independientes. A la vez, instaron a desarrollar procesos de elección públicos y abiertos a la participación ciudadana de todos los entes que designan togado, entre estos, el presidente Giammattei.
Además, recordaron algunos de los requisitos que no deben ser obviados al momento de la elección de magistrados como “tener un compromiso comprobable en favor de la lucha contra la corrupción, haber hecho uso adecuado de fondos públicos en caso de haber trabajado para el Estado, no contar con tachas, no haber llamado a desobedecer resoluciones judiciales”, entre otras.
A este pronunciamiento se ha sumado el Vicepresidente, Guillermo Castillo, quien este lunes hizo público un oficio que envió al presidente, Alejandro Giammattei, en el que señaló que “es imprescindible que para transparentar y prestigiar el proceso de designación de Magistrado Titular y Suplente que nos corresponde en Consejo de Ministros, se inicie un proceso de postulación pública”.
El vicemandatario manifestó a La Hora que “la no dice Constitución que escoja a dedo. Debe tener a la vista los mejores perfiles y eso sólo se logra a través de un proceso público para que los candidatos se enteren y se postulen. El Consejo de Ministros debe tener toda esa información para saber a quién están apoyando”.