El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lleva a cabo este lunes 4 de enero la elección de un nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), quien deberá finalizar el periodo 2016-2021.
Ante ello, la Corte Internacional de Juristas (CIJ) expresó, ante un comunicado, su preocupación debido a que los algunos de los candidatos tienen denuncias en su contra.
“Ninguno de los cinco aspirantes llevarán a cabo una justicia constitucional imparcial e independiente tal como lo demandan los estándares internacionales”, se lee en el documento.
Además, señala que tres de los candidatos tienen denuncias por parte de distintas instituciones. “La CIJ hace ver que, en este tipo de elecciones, toda denuncia debería ser analizada a fondo por el cuerpo electoral a cargo del proceso de elección”, indica.
Asegura que, en 2017, la CIJ denunció “la implementación de un Plan de Impunidad por parte de autoridades del Estado de Guatemala”, considerando que la CC ha recibido ataques a sus intentos de tener magistrados independientes e imparciales.
Enfóque de género
Asimismo, agrega que el Tribunal Electoral del CANG debería informar sobre el enfoque de género y las razonas de la falta de participación de los candidatos o candidatas de Pueblos Indígenas.
“Cada vez más, la población guatemalteca pierde credibilidad en el Sistema de Justicia Constitucional y de esta forma, el principio de seguridad jurídica pierde fuerza, lo cual es grave para el Estado de Derecho en Guatemala. Muestra de ello es la nula participación de abogados y abogadas de Pueblos Indígenas y de abogadas mujeres. Todo ello obliga a la misma población, a salir en defensa del Estado de Derecho, ya que las autoridades correspondientes no lo hacen”, asevera Ramón Cadena, director de la CIJ.
Además, añade que la elección que se llevará a cabo no cuenta con candidatos “idóneos”.
Por lo que la CIJ propone al Tribunal Electoral debería analizar las denuncias contra ciertos candidatos, así como verificar si estos cumplen los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República.