El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se prepara este lunes 04 de enero para elegir a un nuevo magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los profesionales del Derecho deberán votar por uno de los cinco candidatos inscritos, quien deberá cumplir el periodo que no concluyó Bonerge Mejía, por fallecimiento, el cual finaliza el próximo 14 de abril.
Los aspirantes a ese cargo son:
Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Erick Miguel Castillo López, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Mynor Mauricio Moto Morataya, juez Tercero de Primera Instancia Penal.
Ronal Humberto Miranda Bautista, exaspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Walter Brenner Vásquez Gómez, se postuló para ser magistrado de la CC por la CSJ, fue candidato a alcalde de Mixco por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
¿Dónde se llevará a cabo la votación?
La elección del nuevo magistrado se llevará a cabo en el Club de Oficiales La Aurora zona13. En semanas anteriores, el CANG informó que debido a la pandemia del Covid-19, solo se permitirá la presencia de cada votante durante 15 minutos como máximo.
Candidatos señalados
El pasado 29 de diciembre, el Ministerio Público, a través de dos fiscalías, presentó solicitudes de antejuicio en contra del juez Mynor Moto.
Una de las acciones judiciales es por considerar que el togado cometió los delitos de incumplimiento de deberes y retardo de justicia, en el caso Libramiento de Chimaltenango.
Según la Fiscalía, Moto, quien tenía bajo su control jurisdiccional de ese caso, incurrió en un retardo en la realización de actos propios de función jurisdiccional.
Por otro lado, el ente investigador busca desaforar a Moto por el caso denominado Bufete de la Impunidad.
Asimismo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en un informe señaló al exrector Estuardo Gálvez, de autorizar y gestionar ante el Consejo Superior Universitario varios proyectos de obra gris y compra de terrenos.
De acuerdo con la Feci, se identificó cinco proyectos de obra en los que se pudieron haber adjudicado a entidades con la oferta menos favorable, presumibles sobrevaloraciones del costo de las obras, y ejecución parcial de proyectos no terminados.