La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes en una sesión extraordinaria la nacionalización de dos empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, así como una ley para impedir a supuestos candidatos golpistas su participación a las elecciones presidenciales convocadas para 2021.
Las empresas Disnorte y Dissur pasan de esta forma al control y administración del Estado mediante la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense, remitida de urgencia por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
La ley se aprobó en concordancia con varios artículos de la Constitución del país, según los diputados del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), además de para sobreponerse a la situación tras el «paso de dos huracanes», tal y como ha resaltado el jefe de la bancada sandinista, el diputado Edwin Castro, según recoge una nota de prensa emitida por la propia Asamblea.
Tarifas
Castro subrayó que la Administración de Ortega ya había aprobado previamente una disminución de la tarifa eléctrica del 10.6 por ciento y 15 por ciento sumado a la reducción del 4 por ciento hace seis meses.
En este sentido, añadió que tal y como recoge el artículo 98 de la Carta Magna nicaragüense, es responsabilidad del Estado lograr el desarrollo humano sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la distribución más justa de las riquezas.
Subrayó, a su vez, que «el Gobierno sigue garantizando la cobertura de energía», enfatizando que «terminamos este año arriba de la meta con 98.5 por ciento de cobertura en todos los hogares de la familia nicaragüense, cifra que pocos países en América tienen».
«Con esta ley el Estado se asume como rector, garante y restituidor del derecho del pueblo a acceder a la energía eléctrica, por eso se declara de utilidad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones de propiedad de le empresa TSK Melfosur Internacional, S.A. en las sociedades anónimas Disnorte y Dissur», aseguró durante el pleno el diputado del FSLN, Carlos Emilio López.
«Traidores a la patria»
También durante la sesión extraordinaria, se aprobó en el Parlamento la conocida como Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que busca dejar sin participación en los próximos comicios a quienes encabecen o financien «un golpe de Estado» o cometan actos de injerencia en los asuntos internos.
Estos actos incluyen aquellos que promuevan o celebren las sanciones en contra de los funcionarios y la Administración de Ortega.
«Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política«, reza el texto de la ley, informa el diario ‘La Prensa‘.
El Gobierno de Ortega confirmó las elecciones para el próximo 7 de noviembre de 2020 y con la aprobación de esta ley, ampliamente criticada por los sectores opositores y las organizaciones de Derechos Humanos, abre la puerta a concurrir en unas elecciones sin oposición.