La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes una moción de censura contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por permitir el uso de gases lacrimógenos caducados desde 2015 durante las protestas de octubre de 2019, que dejaron finalmente una decena de fallecidos y más de 1,500 heridos.
La destitución de Romo se saldó finalmente con 104 votos a favor, muy por encima de los 70 necesarios, de una Asamblea con 137 escaños, en la que no participaron en la votación una docena de diputados, después de una maratoniana sesión de casi once horas.
Romo ha tenido que hacer frente no sólo a la cuestión relacionada con el uso de gases lacrimógenos caducados, sino también al lanzamiento de los mismos sobre centros de acogida humanitaria, en los que se encontraban reunidos manifestantes.
Si bien Romo negó en todo momento, la oposición considera que las disculpas que emitió por entonces sobre los ataques contra estas instalaciones por parte de la Policía, reflejan un reconocimiento implícito de que habría incurrido en esta transgresión.
«Evitar golpe de Estado»
Romo, respaldada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el resto de ministros, así como de los altos cargos de las Fuerzas Armadas, aseguró que su único objetivo fue evitar un golpe de Estado y ha sentido esta destitución como «una condecoración», pues existen numerosos intereses creados detrás de su cese.
«En la Asamblea hay miembros cuyo voto de censura son una condecoración para mí», dijo Romo, quien se refirió de esta manera a los diputados señalados por diferentes casos de corrupción como el de la compañía Caminosca, o la constructora brasileña Odebrecht.
Una «condecoración» ha añadido de «los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes, y los que creen que hacer política es subirse en un escándalo o bailar en Tiktok», ha concluido.
Manifestaciones
La eliminación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno de Lenín Moreno en 2019 desencadenó el 3 de octubre de ese mismo año unas manifestaciones que se extendieron hasta el día 13 y durante las cuales el presidente llegó a decretar el estado de excepción. La huelga llegó a su fin cuando el presidente ecuatoriano y el movimiento indígena acordaron derogar esta ley.
Romo se enfrentó a la Asamblea por un presunto incumplimiento de funciones, al permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas y ataques sobre zonas de paz instaladas en dos universidades de Quito durante las manifestaciones, que según el Banco Central de Ecuador (BCE) produjeron pérdidas valoradas en casi 700 millones de euros.
Las protestas dejaron una decena de muertos y más de 1,500 heridas, así como destrozos en las principales ciudades, cuyas comunicaciones se vieron afectadas por el bloqueo de carreteras, además de se producirse saqueos, sabotajes a pozos petrolíferos, ataques a la prensa, incluido secuestros de periodistas y policías, así como el incendio al edificio de la Contraloría, en Quito.