Durante una reunión con diputados del Congreso de la República, el ministro de Gobernación Oliverio García Rodas afirmó que este miércoles entregará a la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula un informe relacionado con la fiesta clandestina que se realizó el pasado viernes en una mueblería.
El funcionario aseguró que la misma noche del evento se presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), ya que considera que la actividad no era una falta al orden público sino que existió una comisión de delitos. Además, agregó que llevan a cabo una investigación dentro de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de determinar el por qué los agentes que llegaron al lugar no hicieron las capturas correspondientes.
“Aquí está el primer incumplimiento de no haber detenido inmediatamente a todas las personas que estaban en esa fiesta ilegal, anónima y que estaban alterando el orden público», enfatizó García Rodas.
Asimismo, agregó que hasta el momento no tienen ninguna orden de detención emitida por juez a solicitud del MP. “Pero en cuanto esas órdenes lleguen a la PNC, porque aquí no son faltas sino delitos, vamos a poner la mayor diligencia para cumplirlas», puntualizó el funcionario.
Para el diputado Aldo Dávila, de la bancada Winaq, quien estuvo presente en la reunión con el ministro de la cartera del Interior, se debe procesar penalmente a los involucrados en la fiesta clandestina. “La justicia y las sanciones no deben tener preferencia con sectores privilegiados”, indicó.
Protección a diputados
Durante la reunión, el titular del Ministerio de Gobernación también habló sobre las amenazas a congresistas que identificaron la semana pasada por parte de la Mara Salvatrucha. Según con el funcionario, ya se han enviado a policías uniformados y de particular para vigilar el recinto del Legislativo.
García Rodas cuestionó que no existe presencia de la guardia parlamentaria encargada de la seguridad de los diputados ya que según los reportes de la PNC no se observó presencia física de elementos de dicha unidad. Agregó que mantendrán la vigilancia en la sede del Congreso mientras continúan investigando las amenazas.