A través de un pronunciamiento, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, pidió a las autoridades que “se haga justicia y que la Ley se aplique por igual”, ante la fiesta clandestina que se llevó a cabo el pasado viernes en un área comercial de Condado Concepción.
“La fiesta clandestina no puede quedar impune, todas las personas son iguales ante la ley, las sanciones por violación a las disposiciones gubernamentales deben ser aplicadas sin privilegios”, manifestó el magistrado de conciencia.
Además, señaló que la prevención de más contagios por COVID-19 es responsabilidad de todos, por lo que condenó enérgicamente las actitudes de las personas que participaron en la fiesta.
“Pone en grave riesgo la salud pública, es impostergable la toma de decisiones en el marco de la ley para que se siente un precedente y no vuelva a ocurrir algo similar”, añadió Rodas Andrade.
La noche del pasado viernes, a través de redes sociales, se dieron a conocer videos y fotografías de una fiesta realizada en pleno toque de queda, a la cual acudieron más de 10 personas.
Debido a la fiesta que se llevó a cabo en la mueblería O3, ubicada en Condado Concepción (carretera a El Salvador), las autoridades municipales de Santa Catarina Pínula accionaron legalmente. El alcalde de la localidad, Sebastián Siero, informó que se cerró el local por haber infringido las disposiciones gubernamentales.
Asimismo, el presidente Alejandro Giammattei, durante su mensaje en cadena nacional del pasado domingo, afirmó que ya fue solicitado al Ministerio Público la captura de las personas que resulten responsables de dicho evento.
“Es increíble que haya personas que, de forma irresponsable, estén propagando la pandemia y pongan en riesgo la vida de quienes asisten a fiestas privadas que son ilegales”, dijo el mandatario.