Por Carlos Raúl Kestler
El Congreso de la República oficializó este martes las 22 nuevas disposiciones para combatir el COVID-19, contempladas en el Decreto 22-2020, que incluye el pago del bono de dignificación para el personal de salud en renglones temporales, la entrega de un informe al Legislativo de la situación de la pandemia, los programas de apoyo y contrataciones por parte de Coprecovid y amplía para el 5 de julio el Estado de Calamidad Pública.
Lo que se aprobó
El artículo 2 del documento puntualiza que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) deberá otorgar un bono a cada miembro del personal médico que atiende la emergencia, sin importar si mantiene un contrato temporal o permanente. Indica que es un pago único, por lo que quienes ya lo recibieron anteriormente no pueden aceptarlo otra vez.
Para fortalecer la atención a los pacientes, la cartera de Salud también podrá contratar a estudiantes con pénsum cerrado y a médicos extranjeros que desarrollen su especialidad en hospitales nacionales.
El artículo 3 indica que la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19 (Coprecovid) deberá enviar todos los martes al Congreso un informe sobre la evolución de la enfermedad en el país, así como las compras de equipos médicos y la ejecución presupuestaria de las entidades que atienden la crisis sanitaria.
Con la ampliación del Estado de Calamidad, el Decreto 22-2020 permite la libre locomoción de líderes religiosos y médicos veterinarios. “Por la importancia espiritual que representa para la población guatemalteca y para resguardar la salud emocional de la población, se autoriza la libre locomoción de los ministros de culto y capellanes de cualquier religión […]”, según el artículo 7.
Además, se establece que el programa Bono Familia debe priorizar a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, familias con niños en estado de desnutrición y hogares sin energía eléctrica. Se aprueba, asimismo, la entrega a personas que reciban menos de dos mil quetzales mensuales derivados de cualquier sistema de pensiones.
También se autoriza que cualquier Documento Personal de Identificación (DPI) que haya expirado tenga validez durante el 2020.
Los legisladores aprobaron este decreto de urgencia nacional el 2 de junio. Obtuvo el voto favorable de más de las dos terceras partes del Congreso y entrará en vigor mañana, el miércoles 10.
Voces en contra
Para Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla, el decreto debió incluir la habilitación de más espacios para tratar a las personas contagiadas de coronavirus.
“Nosotros presentamos la enmienda para que el Hospital Militar fuera uno, pero no fue aprobada porque había una confusión de qué se votaba y el tiempo era corto. La volveremos a presentar porque hay que optimizar recursos. Por ejemplo, en el Parque de la Industria tienen al menos tres habitaciones sin utilizar”, comentó.
Su consideración la comparte Sonia Gutiérrez, jefe de bloque de Winaq, quien agrega que el oficialismo “no colaboró” para aprobar otras disposiciones que “hubieran beneficiado a la población”.
“Nosotros quisimos que el decreto obligara al Ministerio de Salud a brindar información más desglosada, como los contagios por municipio. Y también que las pruebas fueran gratuitas, porque hemos recibido denuncias de centros privados que cobran entre 3 mil y 4 mil quetzales por la prueba”, detalló.