A dos días de que el Congreso de la República publicara el Decreto 15-2020, la nueva normativa suma ocho acciones legales en su contra, las cuales buscan que se declare total o parcialmente la inconstitucionalidad de la misma.
Ese decreto consiste en prohibir la suspensión de los servicios esenciales a los clientes por impago durante el Estado de Calamidad por la enfermedad COVID-19. Previo a la vigencia de la norma se habían plateado 13 amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) .
Según con nota de elPeriodico, la abogada Blanca Dina Urrutia presentó dos acciones, una de ellas de carácter general, también las empresas distribuidoras de Energuate y la Asociación Nacional de Generadores.
Otras de las acciones fueron interpuestas por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la abogada María Eugenia de la Vega. Y se sumó el abogado Javier Comparini Cuestas y el presidente de la CIG, Eduardo Girón.
La AmCham Guatemala pidió a la CC que resguarde el orden constitucional del país ante las violaciones evidentes del Decreto 15-2020 “para evitar una crisis mayor ante la situación actual”. Un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala estima que el impacto es de hasta en Q30.4 millardos.
Aprobación y veto del Presidente
El pasado 3 de abril, el Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2020 de urgencia nacional y con voto favorable de 141 diputados, durante una sesión plenaria que se extendió hasta la madrugada.
El presidente Alejandro Giammattei decidió vetar esa normativa al considerar que tenía falencias y que la misma podría ser declarada inconstitucional. Asimismo, envió un proyecto nuevo al Legislativo que, según él, corregía los errores del primer decreto.
Sin embargo, un día después de que el mandatario no sancionara la nueva ley, el Congreso rechazó el veto presidencial y le ordenó al Ejecutivo su inmediata publicación para que la misma entrara en vigencia.