Luis F. Linares López
Las propuestas del “Movimiento Desmonopolicemos el IGSS”, difundidas poco antes que la Comisión de Seguridad Social y Previsión Social convocara las audiencias públicas donde fueron presentadas alrededor de 70 opiniones y propuestas, encontró eco en el CACIF, lo que alborotó el cotarro en las redes sociales durante el pasado fin de semana. Según me decía un amigo, buena parte de las opiniones expresadas son contrarias a la peregrina idea de desmonopolizar la seguridad social, pues resulta evidente que la opción de contratar seguros privados es incosteable para la mayoría de actuales afiliados al IGSS, e insostenible cuando al final de la vida laboral, aparecen las enfermedades crónicas y para pagar los tratamientos solamente quedan dos posibilidades, y eso para los ubicados en el quintil superior de ingresos: haber acumulado un enorme capital o empeñar hasta la camiseta.
La propuesta apoyada por CACIF va en la línea de que los trabajadores tengan el poder de decidir si se mantienen como afiliados al IGSS o contratan un seguro privado. El resultado de una decisión de esta naturaleza será que una minoría de trabajadores —los de más altos ingresos— estará en posibilidad de contratarlo, con un costo que lo que actualmente cotizan al IGSS: para el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) el empleador aporta el 7% del salario y el trabajador el 3%. En una columna en Siglo21 señalamos que el 4.6% de los ocupados tiene seguro privado y que de ellos, tres de cada cuatro, también están afiliados al IGSS. Actualmente no demandan servicios del IGSS, pero cuando se llega a la tercera edad y aparecen las enfermedades crónicas o catastrofistas, se dan gracias a Dios de estar afiliado o de ser jubilado del IGSS.
El IGSS, además de proteger a los afiliados contra las diversas contingencias de la vida —como enfermedad, accidente, invalidez o vejez— es un instrumento de solidaridad. Por eso tiene un modelo de financiación donde las contribuciones de quienes devengan salarios más altos y menos lo utilizan —al menos en cierta parte de su vida— permiten proporcionar servicios de salud y garantizar una pensión a quienes tienen salarios más bajos. Como ya señalé en otra oportunidad, al poder elegir entre IGSS y seguros privados, es probable que se retiren los que más ganan y permanezcan los que ganan menos, más temprano que tarde quebrará o será un sistema pobre para pobres. Llegados a la tercera edad, muchos de los que lo abandonaron se arrepentirán, pero ya será demasiado tarde.
El IGSS no es un monopolio. Es una función pública, que por el principio de solidaridad y razones de eficiencia, el Estado se reserva para atenderla de manera exclusiva, como pasa también con el sistema de justicia y la seguridad pública. Es curioso que los opositores al monopolio del IGSS, rechacen que se desmonopolice el sistema de justicia, introduciendo el derecho indígena.
A los argumentos individualistas, que reniegan de la solidaridad, se agregan afirmaciones que caen en el lugar común: modelo agotado. Baste con afirmar que el modelo del IGSS es similar al de la Caja Costarricense del Seguro Social, que en 2010 cubría al 88 % de la población con servicios de salud y al 57 % de la PEA con el programa de pensiones.
Que está diseñado para el empleo asalariado, pero la ley orgánica le otorga una gran amplitud y flexibilidad, para incorporar a toda persona que sea parte activa del proceso de producción (Art. 27), y adoptar el modelo financiero apropiado a las características y posibilidades de cada segmento (Art. 38).
Debe evitarse que para introducir el seguro privado, que rompería que rompería su carácter público, único y obligatorio, recurra a un ardid legal, aduciendo que el IGSS mantendrá la rectoría. El IGSS no es el rector del régimen. Es el único responsable de su aplicación.
Reiteramos que los problemas del IGSS no provienen de su diseño o de la naturaleza del modelo. Se originan en la mala gestión, en el saqueo despiadado, como el que sufrió durante el gobierno de Pérez Molina. Si a pesar de tanta ineptitud y corrupción aun funciona, el modelo es necesariamente virtuoso. Por ello es que se le debe rescatar. En lo inmediato, mejorar los servicios de salud para dar lugar a la extensión de su cobertura. Una reforma precipitada de la Ley del IGSS, impulsada por el deseo de ofrecer a unos cuantos proveedores de servicios la ampliación de su mercado, es totalmente inconveniente.
Con ingresos de alrededor del 12% del PIB, ni la administración más austera puede atender las necesidades del Estado.