La espera del cumplimiento de promesas de ayuda para los sobrevivientes al gigantesco deslizamiento de tierra se ha vuelto eterna, y ninguna entidad asume la responsabilidad absoluta por los retrasos. La entrega de 181 viviendas se ha reprogramado tres veces, la ayuda económica para alquiler de viviendas no llega y los ofrecimientos del ahora mandatario se los llevó el viento. Algunos damnificados están considerando regresar al lugar donde quedaron enterrados sus sueños y sus seres queridos.
Las personas que sobrevivieron hace ya nueve meses al gigantesco deslave en El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, y que perdieron las viviendas —y otras pertenencias— que les llevó toda una vida construir, viven ahora arrimados en casa de familiares, alquilando habitaciones o en el albergue que la comuna habilitó y que ya deben abandonar.
Otros, incluso, prefieren vivir con el Jesús en la boca y siguen habitando el lugar del desastre, porque se niegan a dejar lo poco que tienen, aunque ello les cueste la vida. Y hay, entre los albergados, algunos que están considerando regresar al lugar donde quedaron enterrados sus sueños de un mejor futuro, debido a que se encuentran en un callejón sin salida: sin solvencia económica para alquilar vivienda y olvidados por las autoridades estatales. Algo que ocurre con frecuencia porque somos un país altamente vulnerable ante desastres naturales de todo tipo, debido al cambio climático y porque la nación está asentada sobre una zona geológica y volcánica activa. Pero; además, por la inexistencia de una política estatal de prevención de desastres y por la falta de voluntad de las autoridades para atender esta problemática.
Tras la tragedia que dejó 282 fallecidos y muchos cuerpos enterrados en el área que fue declarada campo santo, los sobrevivientes sintieron que el mundo se les vino encima, pero vieron una luz de esperanza cuando el gobierno de turno les ofreció casas y ayuda económica para aminorar su pesar.
Los candidatos a la presidencia que visitaron el lugar, entre ellos el ahora presidente Jimmy Morales, también se comprometieron a apoyarlos, en el caso de ganar el cargo político más importante del país.
Pero fueron, como ha ocurrido en otras tragedias similares en uno de los diez países del mundo con más vulnerabilidad ante desastres naturales, palabras que el viento se llevó. Ahora nadie se hace responsable por cumplir lo ofrecido.
Al poco tiempo del desastre se destinó una finca en el kilómetro 26.5 de la ruta a Mataquescuintla, en San José Pinula, y se anunció con bombos y platillos el inicio de los trabajos de urbanización y construcción de 181 casas.
El proyecto fue llamado Querida Familia y se prometió que estaría terminado en diciembre del 2015, luego se dijo que sería en enero del año en curso y ahora que será en noviembre. Y no existe certeza de que la fecha sea aplazada nuevamente.
El argumento que esgrimen las autoridades es la falta de presupuesto, lo que evidencia una falta de voluntad política para honrar el compromiso adquirido.
Los ofrecimientos; sin embargo, fueron más. El Ministerio de Desarrollo (Mides) se comprometió a hacer seis desembolsos por un total de Q2.5 millones para que las familias sobrevivientes alquilaran una vivienda mientras les entregaban las que estaba construyendo el gobierno. No obstante, solo hicieron un pago.
A la lista de incumplimientos se suma el del mandatario Morales, quien ofreció Q2 millones cuando era candidato; pero, según vecinos, solo recibieron Q236 mil en materiales de construcción. Del resto, aseguran, no han visto ni la sombra.
Se lavan las manos
Las entidades responsables de ejecutar los ofrecimientos son los ministerios de Defensa, Comunicaciones, Desarrollo Social, Ejecutivo y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Sin embargo, ninguna asume la responsabilidad absoluta por el rosario de incumplimientos y, como Poncio Pilatos, se lavan las manos.
La teniente Karen Pérez, del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), asegura que el único papel que se desempeñó la institución castrense fue el de la urbanización del proyecto Querida Familia, deslindándose así de la construcción de las 181 viviendas.
El cuerpo de ingenieros finalizó la urbanización, que consistía en la creación de calles, avenidas, tragantes, colocación de postes de iluminación, al igual de plantas de tratamiento de agua. Ahora estamos enfocados en la seguridad perimetral del área, enfatizó la integrante de la institución castrense.
Se intentó conocer la opinión del Mides, pero al cierre del trabajo periodístico no se habían pronunciado. Quien sí habló fue Heinz Heimann, vocero presidencial, sus argumentos se enfocaron en evadir la responsabilidad del Ejecutivo y en diluirlo entre el resto de instituciones estatales.
Está claro que el Estado de Guatemala es el responsable de buscar las medidas adecuadas ante este tipo de situaciones. A través de todos sus sectores, los diferentes ministerios, Conred en sus respectivas operaciones, la municipalidad en su debido momento, el Congreso de la República al enviar fondos que ellos tenían disponibles para apoyar a las familias. Realmente este tipo de situaciones son temas de Estado, que se deben de manejar con la ayuda de cada una de las instituciones, cumpliendo su respectivo papel, aseveró Heimann.
Con respecto al pago del subsidio para alquiler que debía hacer el Mides, el portavoz presidencial enfatizó que se van a realizar los otros cinco pagos restantes, en un solo aporte para cumplir con el apoyo que es un total de Q2 millones y medio para las más de 180 familias damnificadas. Calculamos que en 15 días se realizará de manera efectiva y dentro de cinco meses se estarían entregando las primeras viviendas.
En tanto que Carlos Bonilla, viceministro de Comunicaciones, dijo que hay dos mesas técnicas que están apoyando con el proyecto de vivienda. Una, aseveró, está conformada por la Conred y por ellos y la otra por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Un poco del desgaste con respecto a este tema es que se estuvieron dando expectativas muy difícicles de cumplir por parte del Estado, afirmó Bonilla.
El Acuerdo Gubernativo 219-2015, de fecha 9 de octubre, designó a la Conred como coordinador de todo el proceso de acciones para resguardar y atender a la población afectada por el deslizamiento de grandes proporciones.
Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de dicha entidad, al ser consultado al respecto, aseveró: Nosotros estamos en todo el proceso, nuestro papel es coordinar todas las acciones, pero no ejecutarlas, el sistema nacional, con su plan nacional, tiene definidas las funciones de cada entidad. Según la ley 109-96, la entidad responsable somos nosotros; sin embargo, este problema es interinstitucional, donde cada organismo tiene que buscar las medidas adecuadas para solucionar esta problemática.
Luego, Cabañas enfatizó que uno de los principales problemas fue el cambio de la entidad ejecutiva y que el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, prometió las viviendas para finales del año pasado, pero no tomó en cuenta otros factores externos que prolongaron el proceso, incumpliendo desafortunadamente con las víctimas.
Soledad embarga a Querida Familia
El bullicio de las máquinas y de los hombres trabajando se ha apagado en el terreno donde se construían las 181 viviendas para los sobrevivientes al gigantesco alud en el Cambray II.
El silencio reina ahora en ese lugar y la maleza poco a poco empieza a ganar terreno debido a que la empresa constructora que edificaba las casas abandonó las labores por falta de pago.
Ante esto, Erick Pur, auxiliar de la obra, explicó que la construcción de viviendas se encuentra en un 41 por ciento actualmente, que está en un proceso de licitación por el amplio tiempo en que se quedó paralizado, debido a que la empresa encargada de su ejecución abandonó el proyecto por razones contractuales.
Al 27 de junio, según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la construcción del sistema de agua potable tenía un 70 por ciento de avance y ya se había terminado la construcción de redes y líneas eléctricas, construcción de muro perimetral, del sistema de alcantarillado, de tratamientos de aguas residuales y de calles.
En ello se ha erogado, sin licitar dada la emergencia, según el SNIP, Q2 millones de Q2.1 millones asignados al MDN.
Un país en alto riesgo
Lo ocurrido en El Cambray II puede volver a suceder en cualquier momento en el territorio nacional y las deficiencias en la asistencia a la población perjudicada, lamentablemente volverá a pasar porque el país no está preparado para anticipar y menos para atender desastres naturales.
De hecho, según analistas, no existe legislación que esté enfocada en mitigar y evitar las tragedias, no existe ley de ordenamiento territorial y de aguas y tampoco obligación para que las autoridades atiendan las alertas de la Conred. Tampoco voluntad política para elaborar planes de prevención y políticas de vivienda y regulación de construcciones.
El territorio guatemalteco, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta (PNR), está ubicado dentro de una región geológica y geográfica con un potencial de múltiples amenazas naturales y que por su situación social, económica y de desarrollo genera altas condiciones de vulnerabilidad, lo que provoca que un gran porcentaje de la población, su infraestructura y los servicios estén expuestos a diferentes riesgos, que puedan desencadenarse en desastres.
Por si fuera poco, la nación, conforme a las conclusiones de la Cumbre de Cambio Climático del 2010, está entre los diez países más vulnerables del mundo y es el primero del continente americano.
La propia Conred y la Secretaría de Planificación de la Presidencia han advertido que solo en la ciudad capital, se han encontrado 492 puntos de riesgo, no digamos en todo el país, entonces ¿qué ha pasado en esos lugares? ¿Ya se desalojaron a las personas? ¿O al menos informado acerca del riesgo? Esto demuestra la falta de gestión de riesgo en Guatemala, afirma Luisiño Sánchez, vocero de la comuna de Santa Catarina Pinula.
De acuerdo con Amanda Morán, directora del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (Ceur), de la Universidad de San Carlos, era de esperarse que el proyecto Mi Querida Familia no iba a ser entregado a tiempo. Haber ofrecido un tiempo tan corto para construir el proyecto fue una respuesta política, algo irreal que no se podía cumplir, insiste.
Pero ¿quién es el responsable de que la obra no avance? Morán opina que el responsable directo tendría que ser la Conred. Mas aclara que es difícil dejarle toda la responsabilidad porque hay varios actores: La Conred debería velar porque se cumplan los trabajos, pero también está el Viceministerio de Vivienda, que fue el que planificó todo e inició la obra, aunque ahora sea otro gobierno.
Este, claro, no es el único desastre de esta naturaleza. Casos similares ya ocurrieron con el huracán Mitch, con la tormenta Stan y, últimamente con los deslizamientos ocurridos en Jerez, Jutiapa, cuyos terrenos fueron declarados en estado de calamidad la semana pasa.
Pero esas experiencias parecen no haber dejado huella en las instituciones encargadas de las emergencias nacionales. Morán explica que en Guatemala no existen proyectos inmediatos para atender un problema de ese tipo.
La Conred no ha tenido un programa de largo plazo para atender emergencias que abarquen todo los riesgos y su función es únicamente reaccionaria. Cuando reacciona es cuando ocurre un desastre, acciones de prevención no tiene, sentencia la funcionaria sancarlista.