Nunca antes en Guatemala, la justicia había tocado los poderes más significativos del país, desde los gobernantes, pasando por funcionarios, diputados, magistrados, jueces, empresarios destacados, militares y medios de comunicación. Como era previsible, empiezan las reacciones para desprestigiar a los principales protagonistas: Thelma Aldana (MP) e Iván Velásquez (CICIG).
Redacción de Crónica
Nadie dijo que la lucha contra la corrupción y la impunidad sería fácil. La última ofensiva del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —casos Cooptación del Estado, Coperacha y Plazas Fantasmas— ha tocado demasiados intereses de sectores políticos, empresariales y medios de comunicación, lo que ha valido para que el país se vea en medio de una virtual conspiración para detener esta avanzada de la justicia.
El primer blanco parece ser la fiscal general, Thelma Aldana, quien ha marcado su independencia de los poderes del Estado para buscar que los casos descubiertos avancen sin la intervención de las estructuras criminales que se han infiltrado en los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Se hizo una misteriosa filtración —que al parecer salió del propio MP—, de un documento de 200 páginas con declaraciones de Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz, con la cual se pretende hacer parecer que la Fiscal General ha actuado al margen de la ley, con el fin de debilitar su credibilidad en el momento en que esta ha llegado a su punto más alto.
Aldana ha reconocido que la reunión que menciona en su declaración, el ex secretario privado de Roxana Baldetti, en efecto tuvo lugar en mayo de 2014, pero niega que se hubiera producido cualquier acuerdo para detener un caso en el que estaría involucrada la esposa de Monzón. El caso en mención sigue su curso.
Curiosamente, al mismo tiempo principian a aparecer publicaciones, manifiestos, comunicados y expresiones de opinión, con el sentido de hacer señalamientos a la forma en que se ha procedido con los acusados en estos casos.
Entre una de las múltiples prácticas oscuras que se ha podido detectar, está la creación de páginas de redes sociales falsas bajo el nombre de Aldana, en donde se busca confundir a los usuarios y aumentar la incertidumbre y falta de credibilidad.
Por otro lado, se argumenta que no se respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia en los casos señalados, fundamentalmente por no haberse respetado los plazos para presentar ante juez competente y se critica el tono de las acusaciones en las conferencias de prensa, porque no se respeta, según quienes adversan, la presunción de inocencia.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG, por medio de su cuenta de Twitter, aclaró esta semana que al MP le compete hacer la acusación, y que es el juez quien debe considerar dicha presunción.
Dentro de la estrategia utilizada se ha podido observar que se empleará el método de desinformación que en el pasado han utilizado los canales de televisión abierta, en el sentido de utilizar ingredientes falsos y verídicos en sus noticias o comunicados, con el fin de crear confusión y hacer difícil que se identifique su intención.
Esta práctica de desinformación se utiliza por parte de los países que entran en guerra o en conflictos internacionales, y fue utilizada con éxito durante la Segunda Guerra Mundial, por el régimen Nazi.
Reunión en Managua
Esta misma semana, Luis Rabbé, expresidente del Congreso y diputado, señalado por el MP y CICIG por el caso de Plazas Fantasmas, se reunió en Managua, Nicaragua, con enviados de su cuñado Ángel González, con el objeto de definir los alcances y estrategia de la campaña mediática que piensan realizar en los canales de televisión abierta y radio Sonora. El parlamentario aún enfrenta el proceso de antejuicio.
Una fuente periodística de aquel país, que vio personalmente a Rabbé, dijo a Crónica que no se debe descartar que el propio González pudiera estar en la capital nicaragüense, tomando en cuenta que mantiene negocios con el presidente Daniel Ortega, e incluso algunos de los canales que controla la familia del mandatario y que los tienen en sociedad con el empresario mexicano.
Así como ha sucedido en Managua, se sabe que antes se dieron varias visitas de personajes de la vida política o empresarial de Guatemala a Miami, con el fin de entrevistarse con el magnate de la televisión.
González ha optado por bajar su perfil dentro de Estados Unidos, y ahora tiene al país centroamericano y Quito, en Ecuador, como sus centros de operaciones políticas.
Uno de los objetivos que se pretende con esta conspiración, es detener, precisamente, los antejuicios contra varios diputados, utilizando para ello los mecanismos establecidos previamente para controlar a jueces y magistrados, especialmente por medio de Roberto López Villatoro, conocido como Rey del Tenis, quien tiene a un hermano suyo, también diputado, implicado en el mismo caso.
No hay que olvidar que previo al destape de todos estos escándalos, la clase política vivía bajo un manto de impunidad que se había creado por medio de una amplia estructura que controlaba a jueces y magistrados, muchos de ellos promovidos por operadores en las famosas y desprestigiadas comisiones de postulación.
Según informaciones que circulan en medios periodísticos, otra de las estrategias es la de involucrar a otras personalidades en escándalos, con el fin de confundir más el ambiente.
¿Qué pasaría?
Si esta conspiración tuviera éxito y debilitara el respaldo ciudadano hacia el MP y la CICIG, el efecto sobre los procesos judiciales en marcha podría ser determinante. No se debe olvidar que la mayoría de ellos no han llegado aún a su etapa de juicio oral y público, lo que implica que jueces o magistrados de sala podrían revertir lo que hasta ahora han resuelto jueces de primera instancia, como Miguel Ángel Gálvez.
Es decir que podrían darse medidas sustitutivas, u otras. En la medida en que los procesos se retrasen, las posibilidades de llegar a sentencias condenatorias se verían también diluidas, lo que generaría frustración en la sociedad y la pérdida de credibilidad para ambas fiscalías.
Según los expertos, los juicios, a partir del momento en que principian —el caso La Línea, que es el primero, ni siquiera ha entrado en esa fase—, pueden alargarse por dos o tres años, sobre todo aquellos en los que hay varias personas involucradas y que pueden orquestar los recursos de amparo y otros para prolongar los debates.
CICIG, en cambio, tiene tres años para permanecer en el país, un aliciente para quienes desean ver fuera a este organismo internacional.
De tal cuenta que todas estas acciones tienden a permitir que se vuelva al anterior manto de impunidad. Incluso ha principiado a circular una campaña negra en torno a la salud de Velásquez y se habla de que podría ser removido por la Organización de Naciones Unidas, todo lo cual resulta sin fundamento.
Guatemala, caso ejemplar. En medios diplomáticos se comenta que las acciones del MP y CICIG, en el último año, han sentado un gran ejemplo para la comunidad internacional, pues en ningún otro país se ha visto que sean detenidos tantos altos exfuncionarios, encabezados por los exgobernantes