En medio de una fuerte discusión y con el voto favorable de 150 diputados, el Congreso de la República aprobó la madrugada de este 3 de abril el Decreto 13-2020, el cual le da vida a la Ley de Rescate a las Familias por efectos causados por el COVID-19, que establece una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones, que serán financiados a través de un endeudamiento público con el Banco de Guatemala.
La normativa contempla tres fondos millonarios para apoyar a la población más vulnerable del país, que se ha visto afectada por la crisis económica que ha ocasionado la pandemia COVID-19.
El primer fondo será un Bono Familiar por Q6 millardos, con el cual se realizarán transferencias de Q1 mil por tres meses a 2 millones de familias. Este proyecto estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El segundo contempla un Bono para la protección del empleo en que se prevé apoyar a 300 mil empelados que no han podido trabajar por la suspensión de labores no esenciales, por el Estado de Calamidad, con una entrega monetaria de hasta Q75 diarios.
Por último, está una transferencia de Q3 millardos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para que se otorguen préstamos a los guatemaltecos por medio de los bancos del sistema nacional.
A través de una enmienda, los diputados aprobaron con 148 votos a favor excluir a las personas políticamente expuestas del Fondo de protección de capitales y el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, quienes no podrán acceder a dichos créditos.
Discusión dentro del Pleno
Antes de la aprobación de la ampliación presupuestaria, el Congreso se convirtió en un campo de batalla, debido a que un grupo de diputados le reclamó al presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, la postura de la Junta Directiva que se negaba a otorgar el uso de la palabra a varios congresistas, por lo que a gritos pidieron dicho derecho.
«¡Uso de la palabra! «, era lo que gritaban varios legisladores dentro del hemiciclo. Otros, incluso, llamaron “pacto de corruptos” a los miembros de la Junta Directiva.