Durante el gobierno del Partido Patriota (PP) encabezado por el presidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se cobraron, por lo menos, Q500 millones en comisiones para adjudicar contratos con el Estado.
Así lo evidenció el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por medio de una investigación que reveló la existencia de una gigantesca y compleja infraestructura criminal liderada por Pérez Molina y Baldetti para cooptar y saquear al Estado.
La pesquisa da cuenta que por lo menos se pedía el 10 por ciento de comisión por la adjudicación de contratos y que el 60 por ciento se trasladaba a Pérez Molina y Baldetti y el resto se repartía entre el resto de partícipes en esta actividad ilegal.
El monto del cobro de comisiones, sin embargo, es mucho mayor debido a que no se ha terminado de analizar toda la documentación secuestrada en los allanamientos realizados a partir del 15 de abril del 2015, cuando se dio a conocer el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea y en el que están involucrada la expareja presidencial.
“Se han identificado hasta el momento al menos 450 contratos de instituciones del Estado que fueron diligenciados por esta estructura criminal”, afirma el MP y la CICIG.
Para lograr el saqueo de las arcas nacionales, a través del cobro de coimas por la adjudicación de contratos, el gobierno de Pérez Molina y Baldetti se valió de operadores claves a quienes les asignaron determinadas instituciones.