Funcionarios que se hacen millonarios a cambio de dar beneficios a terceros, aun a costa de perjudicar al país, han sido una ruin constante en los negocios del Estado. La debilidad y cooptación de la Procuraduría General de la Nación Y de la Contraloría General de Cuentas, sumado a la total impunidad —que ahora se combate—, han creado el marco ideal para la corrupción galopante. El problema se ha repetido desde el retorno a la democracia y ha limitado las posibilidades del Estado para salir del subdesarrollo y la pobreza.
Rodrigo Pérez
Los funcionarios de un Estado, pobre y urgido de ingresos económicos, negocian, regalan o dilapidan el patrimonio y los recursos de la nación, sin importar los efectos que provocan al paralizar el desarrollo social y la calidad de la prestación de los servicios públicos. A mayor corrupción, peor nivel de educación, salud, seguridad e infraestructura. Una ecuación fácil de entender.
La constante ha sido de negocios en los que los beneficios se inclinan desproporcionadamente a favor de las empresas, pero también para los funcionarios, que muchas veces terminan con pagos millonarios en sobornos, o acciones de la compañía que se esconden cuidadosamente.
El caso más reciente que se ha descubierto, el de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ha dejado al descubierto un modus operandi, que; sin embargo, no es nuevo en el medio, porque muchos negocios antes han sido lesivos y onerosos para el país.
El problema es más grande de lo que se cree o parece. A finales del 2015, el Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) había registrado 8 mil 16 casos, en los cuales intervenía legalmente para acciones de lesividad, nulidad, rescisión e incumplimiento de contratos, según consta en la página web de dicha entidad.
Esos casos tienen en común que provocan daño o perjuicio al Estado y, aunque la legislación guatemalteca no especifica tipos, por lo general, se entiende que surgen cuando afectan intereses patrimoniales del Estado.
Esos contratos negociados bajo la mesa, afectan los ingresos fiscales y perjudican la capacidad financiera y los presupuestos nacionales.
La debilidad histórica y la cooptación de los órganos de control —por parte de la clase política— como la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) y la corrupción imperante, facilitan la adjudicación anómala e irregular de los contratos desventajosos para los intereses de la nación.
Contratos de concesiones, usufructos, servicios, o privatizaciones, absolutamente lesivos para el país, se han repitido en casi todos los gobiernos, desde que se inicio la era democrática en 1986.
Las consecuencias son nefastas para el Estado; sin embargo, no se quedan ahí. Cuando estos llegan a trascender a la opinión pública y las autoridades se ven obligadas a declararlos lesivos e iniciar un proceso judicial para anularlos, se envía un mal mensaje a los inversionistas extranjeros, que necesitan reglas claras y un Estado de derecho sólido para poder invertir.
El caso de Ferrovías es el más claro en este sentido, pero no porque sea el único, sino porque fue declarado lesivo y llevado a arbitraje internacional.
Sumado a ello se incrementa el desgaste de la clase política, pues al reforzarse la imagen corrupta que se tiene de ellos, se deja de creer en la institucionalidad de la nación y como consecuencia se afecta el sistema democrático.
Es difícil que no se desencaje la quijada al escuchar el testimonio de Juan Carlos Monzón, explicando que se sorprendió al saber que el monto del soborno por el contrato de TCQ era de 30 millones de dólares y no de quetzales, como yo pensaba. Eso solo ejemplifica las exorbitantes cantidades en coimas que corren en este tipo de contratos lesivos.
Práctica con raíces profundas
Desde el retorno a la democracia y hasta la fecha, las autoridades de turno de los tres poderes estatales y desde el gobierno central al local, han adjudicado y firmado contratos lesivos para los intereses del país.
Estos, que son un rostro más de la corrupción, se han registrado desde 1986, cuando se retornó a la vía democrática. Hay que diferenciar, según analistas, los contratos que, por su forma de adjudicarse, son nulos, de los que terminan siendo lesivos.
El negocio con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en donde se tenía presupuestado repartir sobornos hasta por US$30 millones —unos Q232 millones, de acuerdo al tipo de cambio actual— y por el que se abrió un nuevo proceso penal al exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, tiene un poco de los dos casos.
Es nulo, porque se simuló como usufructo oneroso lo que en realidad era una concesión —otorgar a particulares la explotación de bienes nacionales—. Esta última se caracteriza porque debe existir una licitación pública nacional o internacional y porque el contrato lo negocia el gobierno de turno, pero debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Pero nada de esto ocurrió. De tal cuenta que ahora lo que procede es que se declare nulo el contrato y no lesivo. Sin embargo, la negociación en el fondo también provocaba daño a los intereses del país.
Cada metro cuadrado —de un total de 348 mil 171.8 metros cuadrados— concesionado a TCQ fue cobrado por el gobierno de Pérez Molina a US$.20 centavos —Q1.50— cuando en realidad costaba US$8 —Q61.9—, asegura la diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro.
También es lesivo, porque al no existir una licitación pública y adjudicarse el proyecto a dedo y en menos de un mes, no se evaluó la calidad del servicio de carga y descarga de mercaderías que se iba a prestar en el puerto más importante del país, y la experiencia de la empresa a la que se le dio la concesión y que fue creada en Guatemala, solo unos meses antes de que ganara el millonario contrato.
No es el único caso que ha salido a luz recientemente. A principios de abril, el gobierno de turno canceló un contrato para la implementación de un sistema de control migratorio con la empresa Security Assistance Group Guatemala (SAG), debido a que este iba en detrimento de las finanzas nacionales.
El contrato fue firmado en mayo de 2015 por el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, por un monto de US$109.8 millones —unos Q849.8 millones— para que se prestara el servicio de control migratorio en las aduanas aéreas, terrestres y marítimas.
La cancelación se dio en medio de señalamientos públicos que apuntaban a que lo pagado por el servicio era diez veces más caro que uno similar contratado en Honduras.
Otro caso ocurrió en 1997, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú, concesionó sin licitar a la empresa Ferrovías, por 50 años, la operación de todos los tramos y bienes de la empresa estatal Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
El contrato establecía que por la facturación de fletes el Estado solo recibiría el 1.25 por ciento y el restante 98.75 por ciento le quedaba a la empresa.
De esa cuenta, entre 1997 y agosto de 2006, la nación solo había recibido Q5 millones y Ferrovías había recibido Q80 millones.
Se argumentó en su momento que el fin era el desarrollo de este tipo de transporte, de tal cuenta que la empresa se comprometía a rehabilitar, en cinco fases, toda la red ferroviaria de la nación. Sin embargo, transcurridos nueve años, solo había puesto a funcionar a medias la ruta que de Guatemala llega a Puerto Barrios y unicamente para el servicio de carga y no de pasajeros.
El contrato fue declarado lesivo en septiembre de 2006 y se llegó a un litigio internacional que terminó hasta hace dos años. Ello evidencia lo largos que resultan estos procesos judiciales, en los cuales el Estado debe gastar en abogados y luego pagar una indemnización a la empresa que fije el tribunal internacional.
En este último caso, Ferrovías exigía una indemnización de US$65 millones, pero el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló, en febrero de 2013, a favor del Estado guatemalteco y dictaminó que el monto a pagar a la empresa privada era de US$14.2 millones.
Inmoralidad y reducto de negocios
Los contratos lesivos son inmorales y antiéticos, asegura la diputada Montenegro. En tanto que el analista político, Renzo Rosal, enfatiza que estos erosionan la institucionalidad, porque las instituciones estatales se vuelven en reducto de negocios y mafias, y pierden el sentido de la competencia y funciones para las que están orientadas.
Con ello también se tergiversa y altera y vulnera la función pública, porque muchos grupos de funcionarios llegan a cargos públicos con la idea de hacer negocios en vez de hacer la función pública que les corresponde.
El politólogo considera que entre los problemas de fondo se encuentra el deseo de enriquecerse fácilmente, por parte de políticos y empresarios, pero teniendo al Estado como objetivo y, si a eso le sumamos que el espacio del Estado de derecho y del marco legal es muy vulnerable y débil, pues encontramos un atractivo que son los recursos y la debilidad institucional y legal.
El excomisionado presidencial para la transparencia y contra la corrupción, Hugo Maúl Figueroa, indica que no se puede generalizar al hablar de los contratos lesivos, pero lo cierto es que en aquellos casos, en que se dan esas situaciones, los intereses del Estado se están sacrificando, hay un interés de favorecer a alguien en especial o de distintas maneras. Ahí es donde salta a la vista que los intereses del Estado se ven perjudicados, porque las condiciones en que se negocia el contrato, desde el principio, con un somero análisis técnico y jurídico se puede ver que es un negocio no viable para el Estado.
Debilidad y cooptación
La debilidad, cooptación y la corrupción, en los órganos de control, abre la puerta para que se celebren contratos lesivos. La forma en que la PGN y la CGC avalaron el contrato lesivo con TCQ solo viene a corroborar este grave problema.
Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en el aludido caso, aseguró al juez Miguel Ángel Gálvez, que la PGN y CGC incidieron en la negociación, ya que hicieron varios análisis y emitieron dictámenes favorables para que se concretara el negocio perjudicial a los intereses de la nación.
A mí, quien me dijo que había entregado dinero a Gustavo Martínez, —yerno y exsecretario privado de Pérez Molina— para pagar gastos de la CGC y a la PGN, fue Juan José Suárez —director de TCQ—, porque lo estaba descontando, dice Monzón en un audio filtrado a la prensa y en una declaración hecha al juez Gálvez.
Ello también vendría a explicar por qué los últimos tres procuradores generales, incluido el actual, se negaron a darle trámite e ignorar una denuncia promovida por Montenegro, para que se anulara y declarara lesivo el contrato con TCQ.
Se solicitó una entrevista con varios días de anticipación a la procuradora, María Eugenia Villagrán, pero al cierre de la edición no la había concedido.
Esas dos instancias —PGN y CGC— han estado sometidas a estas redes de corrupción, eso es claro, subraya el analista político, Manuel Villacorta.
Víctor Gálvez Borrel, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL), asegura que en la aprobación de los contratos lesivos, lo que está fallando son las luces rojas que se deben encender y que eso es consecuencia de la debilidad institucional que tiene el Estado, la PGN y la Contraloría. A ello se agrega el problema de la corrupción, que es lo que termina de ahogar esa debilidad institucional y la aplasta. Esas dos cuestiones se juntan y complotan, para que se hagan cosas que son negativas para los intereses públicos y, al final, los que salimos perjudicados somos todos los ciudadanos que manejamos los beneficios de la cosa pública. Hacen piñata con esa institucionalidad débil.
Urge fortalecimiento institucional
¿Cómo corregir el problema?, para Rosal, se deben hacer reestructuras profundas a la PGN y CGC para que tengan autonomía y se fortalezcan. Estas deben ir acompañadas de modificaciones legales a Ley de Contrataciones, Probidad y Código Penal.
La diputada Montenegro explica que es una debilidad que el abogado del Estado, el Procurador General de la Nación, sea nombrado por el mandatario de turno.
Por ser nombrado por el presidente, a ellos no les interesa la defensa de los intereses de la nación y del patrimonio nacional, sino simplemente están al servicio de la persona que los nombró, afirma la parlamentaria.
Los contratos lesivos, coinciden los expertos, se podrían evitar si previa a su firma la PGN y la CGC emitieran dictámenes técnicos, financieros y jurídicos, pero para que eso ocurra se les debe fortalecer, dar mayor autonomía y evitar, en la medida de lo posible, que sean cooptadas por intereses corruptos.