El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes habían ingresado militares fuertemente armados.
El actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. En el centro está un crédito que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, y que es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas.
Hablando desde una tarima a seguidores y empleados estatales congregados en las cercanías del Congreso para presionar a los legisladores a aprobar el préstamo de 109 millones de dólares, Bukele dijo: «Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)».
Momentos antes de hacer el ultimátum, Bukele ingresó en un hecho insólito al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y oró: «La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración», dijo.
Luego salió del recinto y se dirigió a sus seguidores afuera del Congreso, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera «paciencia» con los legisladores. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en la Asamblea unicameral.
Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.
El hecho se produjo a pesar de que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, había convocado el sábado a los parlamentarios a sesionar sobre el polémico préstamo el lunes, luego de que fracasara esa noche un intento de celebrar una sesión extraordinaria.
El viernes surgió una confrontación entre Bukele y el Legislativo, cuando el presidente -apoyado en una resolución del consejo de ministros- llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar el préstamo.
El mandatario se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pero la Asamblea le respondió que la convocatoria era «improcedente» porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.
Bukele entonces llamó a sus seguidores a apelar al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros.
«Cuando los funcionarios rompen el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios», arengó Bukele.
Los presentes coreaban «insurrección, insurrección».
«Alerta internacional»
El choque de poderes provocó la preocupación de diferentes sectores dentro y fuera del país en virtud de la intervención de los militares y policías que respaldaron al mandatario, en un hecho que no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1992.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con «dos posturas bastante radicales», por lo que instó a las partes a «bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad».
Por su parte, el analista y exministro de Justicia Francisco Bertrand, tras calificar fuera de lugar el llamado de Bukele, dijo que el país ha vivido la situación «más grave» de las últimas décadas y similar a las que sucedían en los años 1950 y 1960 durante los regímenes militares.
En Centroamérica, el gobierno de Costa Rica hizo un llamamiento al gobierno a que «se mantengga el respeto a la institucionalidad democrática» e instó a promover «un diálogo constructivo» en un ambiente de paz.
En tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, escribió que «apoya» a Bukele en su esfuerzo por brindar seguridad y también instó al diálogo y al «fortalecimiento» de la democracia salvadoreña.
Amnistía Internacional por su parte escribió en Twitter que «el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos».
La Unión Europea también expresó en un comunicado la «gran preocupación» que ha causado el «enfrentamiento» entre las instituciones salvadoreñas.
Bukele ha alcanzado altos índices de popularidad en gran parte por su política de seguridad, que ha propiciado una reducción en la percepción de la criminalidad.
Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.