El Congreso de Chile aprobó este jueves un polémico proyecto de ley que sanciona los actos violentos y saqueos durante manifestaciones, presentada en noviembre por el gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera en medio de las protestas y disturbios que desde hace tres meses sacuden al país.
Con 87 votos a favor frente a 56 en contra, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Ahora deberá ser promulgada por Piñera, quien la envió como medida para aplacar las acciones violentas al margen de las manifestaciones que se suceden en Chile desde octubre, cuando empezó la crisis social más grave desde el retorno a la democracia en 1990 y que ha dejado 29 muertos y miles de heridos.
El texto –que ya había sido aprobado en el Senado- «plantea sanciones para quien interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública; a quien lance a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes; y para quienes roben o hurten con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público», indicó un comunicado de la Cámara de Diputados.
La oposición acusó al gobierno de Piñera de promover la ley para criminalizar la ola de protesta social que desde el 18 de octubre pasado ha copado las calles chilenas en demandas de reformas contra la desigualdad, el sistema de pensiones heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y de reemplazo de la actual Constitución, también creada por el último régimen militar, entre otras exigencias.
«El oficialismo y algunos legisladores de centro defendieron la propuesta remarcando que sus líneas no apuntan a penalizar la protesta social sino al vandalismo que se ha vinculado a ella», indicó el Congreso.
La crisis comenzó con manifestaciones estudiantiles e incendios en el metro de Santiago en contra del alza de la tarifa de ese medio de transporte y derivaron en violentas protestas, saqueos y destrucción en el comercio chileno.
El primer fin de semana, el gobierno decretó estado de emergencia con toque de queda y militares en las calles durante nueve días. La Policía, por su parte, se declaró sobrepasada.
La norma contempla penas de hasta tres años y un día para quienes cometan saqueos y lancen objetos peligrosos a personas o vehículos, entre otros.
Pese a la aprobación de la ley, se espera que el viernes, cuando se cumplen tres meses del estallido social, se produzcan nuevas protestas en Plaza Italia -epicentro de la convulsión en Santiago- que ha sido rebautizada como Plaza de la Dignidad por los manifestantes.