A dos meses y medio del cambio de Gobierno, la administración del presidente Jimmy Morales, ha sido muy criticada por la falta de transparencia, por la ausencia de un plan de gobierno y prácticas que son características de la clase política tradicional a la que la población rechaza ampliamente.
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Álvaro Alay
El gran eslogan de campaña del ahora presidente, Jimmy Morales, fue ni corrupto ni ladrón y por ello ganó la simpatía y el voto de 2.7 millones de guatemaltecos —el 67 por ciento del total de sufragios válidos— que esperaba un cambio en la forma de hacer política en el país.
Pero una vez en el poder, al parecer, se le han empezado a olividar esos ofrecimientos, y de la mano de ello ha surgido la crítica y los cuestionamientos a su administración. La última práctica de opacidad se dio durante la elección del magistrado a la Corte de Constitucionalidad.
El Ejecutivo fue el único, de las cinco entidades que eligen un representante, titular y suplente, ante el máximo tribunal constitucional, que no transparentó el proceso.
Esa práctica opaca también se registró durante el nombramiento de los 22 Gobernadores departamentales en donde privó el pago de facturas políticas. A pesar de ello, tanto Morales como el vicepresidente, Jafeth Cabrera, han defendido contra viento y marea estas decisiones marcadas por una evidente falta de transparencia.
Sin plan de Gobierno
El presidente Morales, y su equipo de Gobierno, tampoco han demostrado, según analistas políticos, que cuenten con un plan para enfrentar los graves problemas sociales —inseguridad, desempleo, salud y educación— y económicos que enfrenta el país.
Ante ello, lo que ha prevalecido, dicen los expertos, es la improvisación y el desorden administrativo. Cabrera asegura, sin ser contundente y sin dar detalles concretos, que sí existe un plan, pero que no se conoce porque no han hecho inversiones en anunciarlos como lo han hecho otros gobiernos en el pasado.
Pero las críticas a la administración de Morales, no terminan ahí. Resulta que también es cuestionado porque la forma de gobernar es muy similar a la de la clase política tradicional que es rechazada por la sociedad guatemalteca.
El incremento de la bancada oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) a fuerza de aceptar tránsfugas, es el mejor ejemplo de ello, aunque no el único. El más reciente de estos casos ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando el diputado Marco Aurelio Pineda, se integró al FCN-Nación.
El ahora parlamentario oficial se cambió en menos de tres meses; es decir, durante este año cinco veces de partido político —Libertad Democrática Renovada, Movimiento Progresista, Bloque Independiente, Movimiento Reformador y Alianza Ciudadana—.