Al menos 250 periodistas están encarcelados actualmente en el mundo, principalmente en China, en medio de una creciente arremetida de regímenes autoritarios contra medios independientes, informó una ONG para la libertad de prensa.
Muchos de esos periodistas son acusados de «cometer delitos contra el Estado» o de haber difundido «noticias falsas», reveló en un informe el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
El informe también cita a Turquía, Arabia Saudita, Eritrea, Vietnam e Irán como otros países donde es peligroso ejercer el periodismos.
El CPJ contabilizó al menos 48 periodistas presos en China, uno más que en 2018. Consultada al respecto, una portavoz de la diplomacia china, Hua Chunying, dijo el miércoles a la prensa que China era un «país regido por la ley».
«Si usted viola la ley, cualquiera sea su estatus, si es periodista o funcionario, será objeto de una investigación judicial», explicó.
Detrás de China, se ubica Turquía con 47 periodistas encarcelados. La cifra, aunque una reducción frente al año pasado (63), no representa realmente una mejora: el gobierno cerró más de un centenar de medios y lanzó investigaciones por apología al terrorismo que intimidaron o hicieron perder su trabajo a muchos periodistas.
«Decenas de periodistas turcos que actualmente no están en la cárcel, están a la espera de juicio o en la fase de apelación y aún pudieran ser condenados a penas de cárcel, mientras que otros han sido condenados en ausencia y serían arrestados si regresan al país», subrayó el CPJ.
Arabia Saudita y Egipto siguen en la tabla con 26 periodistas apresados en cada uno de esos países.
El Comité considera que el número total de 250 sigue siendo demasiado elevado, aun si es menor que los 255 de 2018 y 273 de 2016.
Entre los casos emblemáticos, la ONG cita a la china Sophia Huang Xueqin, arrestada en octubre después de haber descrito en su blog su experiencia en las marchas con manifestantes prodemocracia en Hong Kong, o el iraní Mohamad Mosaed, que envió un tuit durante un corte de internet destinado a limitar la difusión de noticias sobre una manifestación contra los precios de los combustibles.