El exjefe del ejército de Nicaragua Humberto Ortega pidió a su hermano, el presidente Daniel Ortega, que libere a más de 160 personas detenidas por disentir con su gobierno, muchas de las cuales fueron detenidas tras una amnistía de junio que excarceló a centenares de opositores.
El exjefe militar urgió al gobierno buscar «al calor de estos días navideños de tanto fervor cristiano, que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a los prisioneros de esta crisis política estar libres» antes de la celebración, en una carta publicada este miércoles en el diario La Prensa.
El texto parece apoyar de manera tácita la campaña «Navidad sin presos políticos» que impulsa la oposición en medio de una nueva ola de detenciones de disidentes en las últimas semanas.
Humberto Ortega y el presidente tienen una relación tensa. En abril pasado, el mandatario descalificó a su hermano públicamente, al acusarlo de ser «un peón de la oligarquía y del imperio».
En su mensaje, el exjefe del ejército agregó: «En estos momentos su gobierno, presidente Ortega, tiene la oportunidad para un gesto justo hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados».
En abril de 2018 Nicaragua fue sacudida por el estallido de una ola protestas antigubernamentales que se extendieron por meses, cuya represión dejó al menos 328 muertos, cientos de encarcelados y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En junio, el gobierno excarceló a unos 500 opositores que se encontraban presos por participar en las protestas, como parte de un compromiso que asumió en un fallido diálogo con la oposición que buscaba solucionar la crisis.
Según los que piden la salida de Ortega, cerca de 100 opositores quedaron al margen de esa amnistía y permanecieron presos. A ellos se les suman más de 60 que arrestados este año, principalmente a partir de noviembre.
A juicio de Humberto Ortega, la excarcelación de los opositores «dará ánimo para la lucha cívica y electoral lejos de la violencia y la destrucción». Pero además permitirá recuperar la economía, para la que este año se espera una contracción del 3.5%, según el gobierno, y una baja del 5.7%, de acuerdo con el FMI.
Durante las protestas, la oposición demandó recortar el tercer periodo de gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, y adelantar las elecciones de 2021.
El mandatario ha rechazado la propuesta e insiste en que las elecciones presidenciales serán en 2021, como lo establece la Constitución.
La propuesta opositora requería de una reforma constitucional, que debería ser aprobada en dos legislaturas (dos años legislativos) por el Parlamento, controlado por el oficialismo.